Jorge Santos
El martes recién pasado, en un juzgado de la Torre de Tribunales se cometió un acto de injusticia, arbitrariedad y abuso de poder cada vez más recurrente en el país. La fiscal pro impunidad Cinthia Monterroso en dicha audiencia arremetió contra la libertad de expresión y la libertad de prensa, al solicitar investigar a varios periodistas y columnistas del medio elPeriódico. Dicha fiscal quien en el pasado un juez la señaló de obstruir la justicia y la propia Fiscalía Especial Contra la Impunidad -FECI- a la que pertenece ahora la acusó de solicitar información sobre casos en investigación ajenos a los procesos que le habían sido encomendados.
La Fiscal Monterroso, delegada por la Fiscal General Consuelo Porras -incluida en la Lista Engel como actora que socaba la democracia en el país- solicitó al Juez Jimi Bremer quien llevaba a cabo la audiencia en un segundo proceso contra el fundador y presidente de elPeriódico, certificar lo conducente contra los periodistas Julia Corado, Gerson Ortiz, Alexander Valdez, Cristian Veliz, Denis Aguilar, Rony Ríos, Gonzalo Marroquín y Edgar Gutiérrez, así como a otros medios de comunicación independientes por obstrucción de la justicia, al haber publicado notas periodistícas sobre el proceso en cuestión y exponer los vínculos que dan cuenta que la fiscal Monterroso, no es más que un peón del Pacto de Corruptos.
Cabe señalar que tanto la solicitud de la fiscal del Ministerio Público, como la decisión posterior del togado representan un grave atentado contra la libertad de expresión y de prensa, ya que el ejercer el periodismo, realizar reportajes, cubrir notas en el Organismo Judicial y/o en otras fuentes, así como investigar y con ello desnudar la corrupción e impunidad en el Sistema de Justicia, no es constitutivo de ningún delito. De la misma manera, tampoco se comete ningún tipo de delito, cuando una persona emite su opinión personal en columnas en distintos medios de comunicación. Por lo tanto, no se requiere de mucho análisis para determinar que la resolución del martes recién pasado, contra José Rubén Zamora, como contra los otros periodistas y columnistas no es más que un acto ilegal típico de sociedad en donde el autoritarismo y la dictadura son el único ejercicio válido.
Estas acciones emprendidas por actores dentro del Sistema de Justicia contra periodistas alcanza también a otros periodistas, que han dado cuenta de actos de corrupción del Presidente de la República, las implicaciones de una mina de extracción de níquel en el Lago de Izabal o documentan abuso de poder por parte de funcionarios públicos. Es así que periodistas como Marvin del Cid, Sonny Figueroa, Carlos Ernesto Choc, Juan Bautista Xol y Robinson Ortega hoy son investigados y perseguidos penalmente por realizar su labor periodística. Sin el trabajo de estos valientes periodistas nuestra sociedad jamás se hubiera enterado de los abusos de poder, enriquecimiento ilícito o violaciones a derechos humanos de la población guatemalteca.
Es por ello, que nuestra labor ciudadana es elevar nuestras voces y denunciar y movilizar nuestros esfuerzos por revertir la dictadura que se instala en el país. #NoNosCallarán
