Por Jorge Santos
Servilismo, corrupción, violencia e impunidad son los cuatro sellos que distinguen al gobierno criminal de Alejandro Giammattei. Una especie de denominadores comunes de aquellos gobiernos que, cuales gendarmes siguen al pie con puntillas, el guion formulado por la élite económica.
Luego de cuatro campañas electorales y la cantidad de favores que debía el hoy presidente, pues resulta fácil de entender, que este iba a ser la perfecta marioneta para realizar todas las acciones que le fueran encomendadas.
Prácticamente, Alejandro Giammattei, lo único que ha realizado bien, desde su asunción al poder político hasta la fecha, es el de servir bien a los intereses de la pequeña, pero sanguinaria oligarquía guatemalteca. Por lo tanto, el primero de esos sellos distintivos es el servilismo para garantizar que la inversión privada tenga los históricos privilegios que siempre ha tenido.
Pero este servilismo, no sólo se da en el mero ejercicio cobarde de pagar los favores y el financiamiento prestado durante las campañas electorales, también se da en el marco, de un amplio esquema de corrupción, que enriquece de la noche a la mañana a buena parte de la élite política en el país. Podría decirse que buena parte del entorno del presidente Alejandro Giammattei ha pasado a tener en su haber un caudal económico que nunca hubiera sido posible obtener por vías honestas, sino fuera por los flujos de corrupción a los cuales acceden.
Varios reportajes periodísticos dan cuenta de casas nuevas, incremento del patrimonio de funcionarios y sus familias, incluyendo claro está a la pareja sentimental de Giammattei, el otrora director del Centro de Gobierno. Pero lo mismo, sucede con el aún presidente del Congreso Allan Rodríguez, miembro del mismo partido político del presidente de la República. Es así como, se va engordando bolsillos de funcionarios con el dinero del Pueblo guatemalteco, el cual sufre la grave violación de sus derechos humanos, por la mala utilización de sus recursos, en una corrupción cada vez más rampante.
El otro sello, de este Gobierno autoritario, es la violencia que se ejerce contra toda aquella persona, grupo y/o comunidad que se opone o resiste a la imposición de los intereses de la oligarquía, la inversión privada internacional o bien a los propios intereses políticos del partido de turno. Más de 10 Estados de Excepción registrados el año pasado suman a los impuestos durante el presente año, en particular el decretado en El Estor, Izabal, para proteger los intereses de una empresa minera, que opera cometiendo una serie de importantes delitos. El incremento de la violencia contra la población, en particular mujeres, la niñez y las y los adultos mayores, mientras las fuerzas policiales se dedican a reprimir a comunidades enteras son una muestra más de esta violencia. O la criminalización que se ejerce espuriamente contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Por último, en el centro de estos sellos distintivos, está la ampliación de la impunidad, para garantizar que los tres previos no puedan ser sancionados.
