Factor Méndez

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Defensor Derechos Humanos. Catedrático. Periodista/Escritor. Estudió Derecho, Derechos Humanos y Trabajo Social en Guatemala, Honduras y Costa Rica. Catedrático San Carlos y Rafael Landívar. Fundador Centro de Investigación, Estudios y Promoción de Derechos Humanos CIEPRODH. Autor de ensayos y artículos sobre temas sociales, políticos, memoria histórica y Derechos Humanos.

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Factor Méndez Doninelli

“Al menos el noventa por ciento de los edificios escolares carecen de condiciones adecuadas para el retorno a clases”

Diputada Lucrecia Marroquín de Palomo. Segunda Vicepresidente del Congreso Nacional. Guatemala, noviembre 2021.

El Gobierno de Alejandro Giammattei anunció que el retorno a clases presenciales será a partir de febrero 2022, sin embargo, persisten legítimas preocupaciones porque el gran reto es cumplir con los protocolos de prevención del Covid-19, elaborados para advertir cualquier posibilidad que genere focos de contagio entre la población escolar del país.

Las recientes declaraciones reiteradas de la Segunda Vicepresidente del Congreso, diputada Lucrecia Marroquín de Palomo, dejan claro que tanto el Ministerio de Educación como el Ejecutivo, a pesar de disponer de recursos financieros y del tiempo suficiente para preparar y ejecutar el plan de remozamiento, reparación y readecuación de las instalaciones educativas del sector público a nivel nacional todo indica que eso no sucedió. Afirma la diputada Marroquín que el noventa por ciento de las instalaciones educativas no reúnen condiciones para el retorno de los estudiantes. Según la congresista, solo el diez por ciento de las escuelas e institutos públicos tienen condiciones de seguridad, salubridad e higiene que cumplen con los protocolos de prevención del Covid-19.

Y es que no es solo la falta de mantenimiento, el deterioro natural de las instalaciones, la nula o escasa disponibilidad de agua potable, servicios sanitarios en mal estado, destrucción de mobiliario escolar o escasez de productos de limpieza e higiene personal, también se agregan los daños severos a la infraestructura educativa provocados por las tormentas Eta e Iota que arruinaron cientos de edificios escolares. A lo anterior, se suma la falta de voluntad política e indiferencia de las autoridades que fueron incapaces de resolver las deficiencias y de cumplir con el plan de remozamiento de tales edificios.

Por ejemplo, hace meses el viceministerio de Edificios Estatales y Obras Públicas del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (MICIVI), informó que durante 2021 trabajaría en el remozamiento de 275 escuelas a nivel nacional, esa meta no se cumplió. Otro obstáculo para la seguridad de los estudiantes, es la escasa vacunación alcanzada entre menores de 5 a 11 años debido a que el setenta y cuatro por ciento no están vacunados. Lo mismo se puede decir de los profesores, entre quienes hay muchos que hasta el momento no han completado el esquema de vacunación, esto significa un riesgo real de contagio que atenta contra la salud de estudiantes y profesores.

La niñez debe ser atendida para que el retorno a las aulas sea seguro. Hay que efectuar una vacunación masiva sobretodo en el área rural. No obstante, el presidente Giammattei explicó en relación a la vacunación para menores de 5 a 11 años, que aún no existe fecha para iniciar la inmunización.

El retorno a clases presenciales en tales condiciones, arriesga la salud de los estudiantes y hace infructuosa la decisión del Gobernante. La deficiencia gubernamental para reparar los edificios educativos y la lentitud en la vacunación revela el poco o nulo interés que el actual Gobierno tiene en la niñez y juventud. La niñez no es prioridad, la prueba es que en el Presupuesto Nacional 2021, se reservan para su desarrollo integral nueve quetzales con cincuenta y seis centavos diarios a cada niña, niño y adolescente.

En Guatemala la irresponsabilidad del Estado y Gobierno margina a niñas, niños y adolescentes indígenas y campesinos en el área rural. Esta desigualdad debe desaparecer.

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