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“El hambre no es una cuestión de caridad. Es una cuestión de justicia”.  Jacques Diouf

Como un balde de agua fría ha caído la noticia respecto a beneficios que reciben los Magistrados de la Corte de Constitucionalidad, quienes disfrutan de los servicios de Chef, que tiene la obligación de proveerles de alimentación dentro de la máxima corte, y fuera de la misma institución también, o sea que la población les provee alimentación a los Magistrados, su familia y sus amigos, si a ello sumamos que la mayoría no quieren presentarse a laborar, mientras todos los demás trabajadores del sector público y privado deben enfrentarse diariamente a un tráfico satánico, para cumplir con sus obligaciones, demuestra que en este país, hay ciudadanos de primera hasta llegar a cuarta categoría, encontrándose los funcionarios públicos en la primera, comiendo y bebiendo del erario público, que todos los demás mantenemos.

Esta noticia choca frontalmente con otra publicada la semana pasada que dice que: “El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) confirmó 32 muertes de niños menores de cinco años por desnutrición aguda durante 2026, según datos actualizados al 5 de septiembre de 2026”.

¿Cómo pueden morir los niños de desnutrición mientras los amigos y la familia de una Magistrada de la más Alta Corte, se engullen entre otras viandas 59 platos de comida elaborados por un Chef, pagado con los impuestos que pagamos los ciudadanos? Solo en un país kafkiano como el nuestro en el que una persona en ejercicio de una función pública proclama su derecho a la alimentación que además de su salario le provee el Estado, mientras recibimos la información que: “Existen otros 48 fallecimientos ocurridos entre mayo y septiembre que están bajo análisis para determinar si la causa directa fue la desnutrición aguda”.

Si los Magistrados se creen ciudadanos de primera, y que tienen derecho a todo tipo de prebendas por el hecho de ejercer una función para la que ellos se presentan a pedir el empleo, porque ellos no son llamados por sus altas calidades, ellos como los demás funcionarios presentan su expediente, recordemos que la Magistrada en cuestión se encuentra en su tercera magistratura, y que ella al igual que los demás, con excepción de la Magistrada electa por el Colegio de Abogados, han llegado a acuerdos para aferrarse a una silla desgastada, deben recordar que son temporalmente funcionarios del Estado, que no se trata de un título nobiliario.

Los Magistrados no pertenecen a la nobleza, aunque ellos se lo crean, son empleados de los ciudadanos del país que les pagamos sus salarios, hoy resulta que mientras los niños mueren de desnutrición crónica, ellos sus familiares y sus amigos comen y disfrutan de viandas que son elaboradas de acuerdo con un menú que es elaborado semanalmente, como si de un restaurante se tratara.

La pregunta que flota en el ambiente es que, si los funcionarios de las diferentes instituciones del Estado obtienen mensualmente salarios considerables de los fondos del mismo Estado, que todos mantenemos con nuestros impuestos, a la vez tenemos que alimentarlos y a las personas a su alrededor mientras los niños mueren de hambre en pleno siglo XXI, con un retroceso al siglo XIX, cuando los monarcas comían y bebían mientras la población pagaba impuestos y vivía en el más completo abandono.

Adicional, la señora Magistrada utiliza como argumento que tiene derecho a la alimentación, hay que recordarle a ella y a los que reciben salarios del Estado, y que a la vez reciben alimentación, que la función pública tiene sus límites, y que ella y los demás funcionarios del Estado, responden legalmente por su conducta, y que no se encuentran encima de la ley, incluyendo a los Magistrados de la CC. 

Los niños del país tienen más derecho a que el Estado les provea alimentos que cualquier funcionario que obtiene un salario estatal, adicional a no presentarse a trabajar, como si lo hacen los padres de esos niños para obtener un salario paupérrimo, basta ya de fomentar el enriquecimiento vía Estado de las personas.

La función pública se ha degradado tanto que ha dejado de serlo, para convertirse en un medio de enriquecimiento.

Gladys Monterroso

licgla@yahoo.es

Abogada y Notaria, Magister en Ciencias Económicas, Catedrática de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Diploma otorgado por la Corte de Constitucionalidad en 2005, como una de las Ocho Abogadas Distinguidas en Guatemala, única vez que se dio ese reconocimiento, conferencista invitada en varias universidades de Estados Unidos. Publicación de 8 ediciones del libro Fundamentos Financieros, y 7 del libro Fundamentos Tributarios. Catedrática durante tres años en la Maestría de Derecho Tributario y Asesora de Tesis en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

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