Factor Méndez Doninelli
La deriva autoritaria de los actuales gobernantes guatemaltecos, los conduce a cometer graves violaciones a derechos y libertades de las personas que no se deben ignorar. Continúan los actos de acoso e intimidación a periodistas y medios de comunicación independientes que vulneran la libertad de expresión y los derechos a informar y ser informados.
Preocupan los hechos ocurridos en los últimos días en especial la resolución judicial emitida por el juez décimo pluripersonal B de Primera Instancia Penal, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez, quien certificó lo conducente para que el Ministerio Publico (MP) inicié una investigación contra periodistas y columnistas del diario digital elPeriódico, por publicar notas e información relacionadas con el proceso penal que enfrenta el periodista José Rubén Zamora Marroquín, presidente del citado medio de comunicación independiente. La resolución mencionada se desprende de la solicitud hecha por la fiscal, Cinthia Edelmira Monterroso Gómez, de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) del MP.
Tales acciones constituyen una clara violación al artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG), que en su primer párrafo literalmente dice: “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna. Quien en uso de esta libertad faltare al respeto a la vida privada o a la moral, será responsable conforme a la ley. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la publicación de sus defensas, aclaraciones y rectificaciones.”
El segundo párrafo agrega: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.”
Este mismo artículo 35, garantiza el libre acceso a las fuentes de información y declara que la actividad de los medios de comunicación social es de interés público.
La orden judicial mencionada, también vulnera los artículos 18 y 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), que garantizan las libertades de pensamiento, opinión y expresión.
Un comunicado de la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), máxima entidad de prensa guatemalteca, condena el intento de criminalizar la libertad de expresión y, “…rechaza el contubernio existente entre el Ministerio Público y algunos jueces, para desatar una persecución contra periodistas y columnistas de prensa.”
La APG considera que esta acción del MP y algunos jueces, “…se encuadra en la figura del prevaricato, un delito que sanciona con prisión de dos a seis años a los responsables de emitir resoluciones contrarias a la ley.”
Por otra parte, la Coordinación de ONG y Cooperativas CONGCOOP, “rechaza las acciones orquestadas por la FECI, el MP, y el juez Jimi Bremer, en contra de periodistas, columnistas, y medios independientes, violando Tratados internacionales de los cuales Guatemala es signataria, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que garantizan la libertad de prensa, del pensamiento y de información. Además, del artículo 35 de la Constitución Política de la República y la Ley de Emisión del Pensamiento.”
También el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EE. UU.), emitió un comunicado que expresa preocupación por los ataques a periodistas y medios de comunicación independientes.
Estos actos del gobierno que preside Alejandro Giammattei, muestran el carácter autoritario y dictatorial que lo caracterizan que a todas luces violan derechos y libertades constitucionales. ¡No al autoritarismo!
