Factor Méndez Doninelli
Un informe de investigación sobre graves violaciones de los derechos humanos, ocurridas durante el Conflicto Armado Interno (CAI) en Guatemala, fue entregado esta semana por Jordán Rodas Andrade, actual Procurador de Derechos Humanos PDH. Dicho informe se limita al expediente de la Unidad de Averiguaciones Especiales, identificado como EXP.EIO.GUA.315-2005/DI, que estableció como objetivo, “aportar elementos para el esclarecimiento de la desaparición forzada de Bernardo Alvarado Monzón, Carlos Alvarado Jerez, Mario Silva Jonama, Hugo Barrios Klee, René Valle Valle, Miguel Ángel Hernández, Fantina Rodríguez y Natividad Franco”.
El acto de entrega del informe fue muy emotivo, con la presencia de familiares, amigos y compañeros de ese grupo de desaparecidos. El escueto informe de la PDH, basado en documentos del fondo documental del Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) y el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), se refiere al caso de los dirigentes y miembros de la Comisión Política del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y a las dos mujeres Rodríguez y Franco, la primera, propietaria de la casa donde ocurrieron los hechos y la otra, atendía los oficios domésticos. Todos fueron arbitraria e ilegalmente detenidos el 26 de septiembre de 1972, en una residencia ubicada en la zona siete de la ciudad de Guatemala, por agentes de la antigua Policía Nacional y del Ejército, quienes los condujeron a instalaciones militares, donde fueron sometidos a torturas, tratos crueles e inhumanos, ejecutados y sus cuerpos desaparecidos.
La desaparición forzada o involuntaria de personas es un crimen de lesa humanidad, que el Estado de Guatemala y las fuerzas de seguridad practicaron durante el CAI, como parte de la estrategia contrainsurgente para desarticular a movimientos y organizaciones, así como, implantar el terror entre la población. El hecho aludido en el citado informe, es uno de muchos otros que ocurrieron y que, hasta el día de hoy, se mantienen impunes. En el caso guatemalteco, se reclaman más de 45,000 personas, víctimas de desaparición forzada o involuntaria, ejecutadas por agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, ejército, policías y grupos paramilitares. El informe de la CEH, sostiene que, la desaparición forzada de personas, “constituyó una práctica sistemática que correspondió, en la casi totalidad de los casos, a operaciones de inteligencia militar”.
El informe de la PDH indica que, a partir de los documentos desclasificados del Gobierno estadounidense, compilados por el National Security Archive NSA, “…es posible dimensionar la lógica política de la represión estatal y sus patrones de actuación concretos, dentro de esta documentación se encuentran cables y documentos de carácter secreto sobre los patrones de actuación del Estado de Guatemala con relación a la disidencia y oposición política ejercidos en el combate a los primeros movimientos insurgentes…”.
Entre las conclusiones del citado informe, se plantea la hipótesis que la desaparición de los militantes del PGT, ocurrida el 26 de septiembre de 1972, “…fue posiblemente planificada por el Alto Mando del Ejército de Guatemala y operativizado en conjunto con el Cuerpo de Detectives y el Cuarto Cuerpo de la Policía Nacional”.
Asimismo, la PDH señala la responsabilidad del Estado en los siguientes términos: “Las autoridades responsables del Estado de Guatemala no solo faltaron a su deber de investigar debidamente los hechos de desaparición de los dirigentes del PGT para intentar llevar a los responsables ante los tribunales de justicia, sino que además alteraron evidencia importante que hubiese permitido encontrar en su momento a los responsables de este hecho investigado”.
