
En mayo de 2026, Zacapa y otros departamentos del país registraron temperaturas extremas de hasta 42.4°C. La situación llevó a la comunidad educativa a solicitar al Ministerio de Educación (Mineduc) medidas para mitigar el impacto del calor. La respuesta corresponde a medidas especificas, con lo que no contemplan cambios en el calendario escolar.
Apenas unas semanas después, el país enfrenta el escenario opuesto: el inicio de la temporada lluviosa, marcada por una tormenta tropical que dejó precipitaciones intensas. Tanto que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) anunció su Plan de Acción de Invierno, que se extenderá desde mayo a octubre de este año.
Según un informe de Climate Action Network Latin America (CANLA), Guatemala es uno de los países más vulnerables al cambio climático al estar siempre expuesto a fenómenos extremos como las sequías, lluvias intensas y degradación ambiental.
En 2021, considerando dicha exposición a peligros naturales y la vulnerabilidad socioeconómica del país, World Risk Report ubicó a Guatemala como el décimo país con mayor riesgo de desastres naturales.
El mes pasado, el problema para la comunidad educativa fue el calor sofocante, y ahora es el crudo invierno que comienza con agresividad. Hasta ahora, la principal estrategia del Mineduc ha sido modificar horarios o suspender clases para prevenir accidentes.
Pero, ¿cuenta el Estado con la capacidad institucional para responder a estos fenómenos cada vez más frecuentes?
LA RESPUESTA DEL MINEDUC
En cuanto a la información sobre el cambio climático, la cartera depende de monitoreo externo. El Director de Comunicación Social del ministerio, David De León, comentó: «El Ministerio de Educación mantiene coordinación permanente con las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), entidad encargada del monitoreo y evaluación de las condiciones asociadas a eventos meteorológicos y de emitir las recomendaciones correspondientes».
Para garantizar la seguridad de los centros educativos, toman medidas específicas para cada caso. «El Mineduc adopta las medidas necesarias para resguardar la seguridad de las comunidades educativas, incluyendo las acciones preventivas que puedan requerirse en centros educativos ubicados en zonas de riesgo», añade De León.
Dentro del programa de Mantenimiento de Edificios Escolares Públicos (remozamiento de escuelas), no necesariamente contemplan renovaciones relacionadas a la protección para el cambio climático. El director comparte: «Los trabajos que se desarrollan en cada centro educativo es de acuerdo a los trabajos priorizados en cada escuela por parte de la OPF, algunas OPF han cambiado el techo que se encontraban dañados o con goteras.»
Pero, ¿qué hay del acondicionamiento para las altas temperaturas? Si bien durante la construcción de las escuelas se consideró el clima, De León añade que «ante la variabilidad del clima también se han tenido que realizar algunos cambios para permitir mayor ventilación de aire o bien el cambio de la lámina para la reducción del calor».
De acuerdo al Sistema de Información Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SIINSAN), 1 de 4 hogares guatemaltecos han sido afectados por un evento climático, ambiental o geofísico entre 2023 y 2024. 68% de los hogares sufrió por los efectos de la sequía y olas de calor, mientras que 27% por exceso de lluvia, inundaciones o desbordamiento de cuerpos de agua.
¿Y EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES?
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) cuenta con un viceministerio que supervisa la gestión de los recursos y el cambio climático. ¿Han mantenido conversaciones con el Mineduc sobre cómo proteger a la comunidad educativa?
Según Ana Lucía Gudiel, Coordinadora de Comunicación Social del MARN, el ministerio reconoce que el sector educativo es uno de los más afectados por los eventos extremos del cambio climático.
Pero aún no existe un plan conjunto entre MARN y Mineduc para la protección de estudiantes frente a estos riesgos. Actualmente, solo trabajan juntos para promover la educación ambiental y la sensibilización.
Para las familias afectadas, el segundo impacto más importante son los daños a la infraestructura pública, en especial al transporte e instalaciones de educación y salud, comparte el SIINSAN.
Las víctimas de sequías o exceso de lluvia comienzan a sacrificar sus necesidades para priorizar la supervivencia mínima. En el reporte del SIINSAN, 7% de los hogares censados respondió que sacrificaría la educación de la niñez con tal de sobrellevar una crisis.
Aunque no cuentan con un plan conjunto, para el MARN es crucial fortalecer la infraestructura y los servicios del sector educativo, dado que las escuelas funcionan como albergues de emergencia para las personas afectadas.
Pero esta renovación específica aún está lejos, comenta Gudiel, ya que actualmente no existe una línea de acción para fortalecer las escuelas. Tampoco se tiene contemplado en la actualización del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático (PANCC) ni en el Fondo Nacional de Cambio Climático.
Por ahora, Gudiel afirma que el MARN asegura que la protección del sector educativo se abordará de manera indirecta mediante iniciativas generales de adaptación y resiliencia que beneficiarán a distintos sectores, incluida la educación.







