Como si fuera un conjuro, como si fuera una maldición, como si fuera una desgracia que se arrastra de por vida, tenemos una Corte de Constitucionalidad cooptada al claro servicio de los corruptos. La última malobra de esa Corte fue actuar como sirvienta del usurpador de la rectoría de la Universidad de San Carlos, Walter Mazariegos. El martes 28 de julio de 2026, por mayoría, la CC denegó los amparos promovidos por Adrián Camilo García Flores y dejó firme su expulsión de la Universidad. Votaron a favor Roberto Molina Barreto, Julia Rivera y Claudia Paniagua. Disintieron Gladys Morfín y Luis Fernando Bermejo. Así se cerró, tres años y medio después, el proceso contra un representante estudiantil legalmente electo.
Camilo García inició la carrera de Química en 2019, a los 18 años. Lo movía una curiosidad elemental: entender cómo están conformadas las cosas, cómo se unen los átomos, cómo se forman las moléculas. Escogió la San Carlos porque allí su padre estudió antropología y su madre arqueología, y porque la universidad ofrecía no solo formación científica sino también cursos sociales. Pronto se integró al movimiento estudiantil de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia y ganó la representación estudiantil ante el Consejo Superior Universitario. Es, por tanto, una autoridad universitaria electa.
Desde que Mazariegos fue impuesto como rector en mayo de 2022, Camilo se opuso con claridad al fraude. En las sesiones del Consejo insistió, una y otra vez, en que las decisiones tomadas bajo la presidencia de un usurpador carecían de validez. El 12 de octubre de 2022, paradójicamente el Día de la Resistencia, durante una sesión en la que se discutía si se abriría diálogo con los estudiantes que mantenían tomadas las instalaciones como protesta, Camilo calificó de “cobardes” las acciones del CSU. Esa palabra y su reiterada denuncia del usurpador se convirtieron en el pretexto para abrir un proceso disciplinario en su contra, tratándolo como un estudiante común y no como la autoridad universitaria que es.
El 27 de enero de 2023, en la segunda sesión del año, el secretario general Luis Cordón incluyó en la agenda la votación sobre su expulsión. De las 41 personas que integran el CSU, 36 votaron: 22 a favor de la expulsión, uno por suspensión temporal, uno por amonestación privada y 12 —incluido el propio Camilo— por no sancionarlo. En ese mismo momento lo expulsaron de la sesión virtual y del grupo de WhatsApp lo cual es otra ilegalidad porque no hubo debido proceso y ni siquiera se había ratificado el acta de Consejo Superior. La intolerancia quedó en evidencia: cualquier cuestionamiento se pagaba con la exclusión.
A pesar de contar en su momento con resoluciones judiciales que ordenaban su reinstalación como representante y como estudiante y como autoridad universitaria legalmente electa, el CSU no acató. El proceso siguió el camino habitual de la injusticia guatemalteca. Lo que debió ser el reconocimiento de una autoridad estudiantil electa y de un joven brillante que criticaba al sistema se convirtió en persecución. Camilo enfrentó no solo la expulsión académica, sino también un proceso penal derivado de los mismos inventos. La incertidumbre sobre su futuro profesional y la vulneración de su derecho a la educación se arrastraron durante años hasta el sello final de la Corte de Constitucionalidad el 28 de julio de 2026.
Esta criminalización no se detiene en un solo caso. En julio de 2026, mientras la CC cerraba la puerta a Camilo, un grupo de al menos treinta estudiantes —algunas fuentes hablan de entre cuarenta y cincuenta— descubrió que sus expedientes académicos habían sido borrados del sistema de Registro y Estadística de la Universidad. Desaparecieron de un teclazo inscripciones, cursos aprobados, constancias y años de esfuerzo. Estudiantes de Derecho, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería, Ciencia Política y otros centros universitarios se encontraron de pronto sin existencia formal en la institución que debía formarlos. La “muerte académica”, como ellos mismos la llamaron, bloquea graduaciones, becas, investigaciones y la continuidad de sus carreras. No es un error administrativo: es una forma deliberada de silenciamiento dirigida contra quienes se han opuesto a la captura de la San Carlos. Y, como en el caso de Camilo, las autoridades universitarias responden con silencio o con justificaciones que no resisten el menor contraste con los documentos emitidos en 2025 y 2026 que los propios afectados conservan.
La criminalización de los estudiantes de la San Carlos no es un hecho aislado. Es la expresión concreta de una universidad capturada y de una Corte que se pone al servicio de esa captura. Mientras los usurpadores y sus consejeros ilegítimos permanecen, a quienes alzaron la voz se les cierra el camino: a unos se les expulsa por hablar, a otros se les borra la vida académica de un teclazo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué asco! ¡Qué desgracia!
