La imagen que mejor describe la situación de la USAC en 1980, cuando éramos blanco de los ataques militares directos, es una tanqueta que empieza a ingresar al sagrado territorio universitario de la zona 12, frente a la rectoría. Era alrededor de las 8 de la mañana. Trabajadores, profesores y administrativos nos dirigíamos a nuestras actividades. Era la escuela de vacaciones y yo tomaba el curso de Matemática 8, una matemática para ingeniería que se enfocaba en métodos numéricos de solución de ecuaciones diferenciales con el Doctor Fernando Quevedo de profesor, ahora en Cambridge.
Entonces, individuos armados vestidos de particular, desde dos vehículos, ametrallaron indiscriminadamente a estudiantes que descendían de un bus urbano, en el campus universitario de la zona 12 capitalina. Algunos atacantes bajaron de los autos para disparar contra educandos que huían del tiroteo. Posteriormente, abrieron fuego contra un vehículo ocupado por estudiantes de ingeniería. Ese 13 de julio de 1980 mi amigo Osvaldo Hernández Sac, ahora ingeniero y profesor de la USAC, fue alcanzado por dos balas y cargado en brazos por mi profesor de física cuántica: Cesar Castillo.
Yo escuchaba desde la Petapa los balazos porque nuestras clases empezaban a las 9 de la mañana. En ese ataque criminal fallecieron 8 jóvenes universitarios y decenas resultaron heridos.
El ataque venía desde afuera por el firme y ético posicionamiento de los universitarios, no a favor de la guerra, sino a favor de la justicia. Hoy, los ataques vienen desde adentro y no son balas, son corrupción, cooptación y destrucción. Lo que no pudieron destruir las balas de la guerra civil de 1980 lo viene a destruir un destazador de universidades, acrítico, apócrifo, ahistórico, ignorante, maleante, mal educado y de ajuste sin formación científica alguna que solo trabaja para destruir a esta noble institución llamada Universidad Pública. Eso vivimos hoy. Eso.
La imagen que mejor condensa la triste situación actual de la Universidad de San Carlos de Guatemala es la de sus campus convertidos en espacios custodiados por guardias que registran entradas, mientras estudiantes y docentes permanecen excluidos de las aulas que deberían ser su hogar natural de aprendizaje, debate y construcción de conocimiento.
Como señala Mariano González en Plaza Pública, “¿Cuál es el sentido de una institución educativa que no permite que la comunidad universitaria reciba clases en sus aulas? En lugar de estudiantes y docentes, hay guardias armados que registran a quienes entran”. Esta no es una universidad en crisis pasajera ni un simple conflicto administrativo: es una institución secuestrada por una subjetividad corrupta que ha fetichizado el poder y lo ejerce como si le perteneciera por derecho propio.
Walter Mazariegos, el destazador de universidades y actual usurpador de la rectoría, consumó en 2026 el segundo fraude electoral tras el de 2022. Carece de legitimidad porque nunca recibió un mandato auténtico de la comunidad universitaria según los reglamentos internos. Carece de legalidad porque no cuenta con el finiquito de la Contraloría General de Cuentas y enfrenta al menos 17 denuncias en el Ministerio Público por delitos que van desde incumplimiento de deberes hasta usurpación de funciones. Sin embargo, respaldado por una Corte de Constitucionalidad que actúa más como escudo que como contrapeso, y por un Consejo Superior Universitario controlado, ha logrado tomar posesión de un segundo período. El sistema de justicia cooptado le permite operar como si la Constitución y los estatutos universitarios no existieran para él. Como he señalado en columnas anteriores, este “aprendiz de autócrata” aplica su propia versión personal del artículo 154 de nuestra Constitución: él es depositario absoluto de la autoridad, superior a la ley y ajeno a rendición de cuentas.
Esta captura no es solo jurídica o política. Es, en el sentido profundo que Enrique Dussel desarrolla en 20 tesis de política, según Mariano González también, una corrupción originaria: la fetichización del poder.
Walter Mazariegos no sabe que el poder político auténtico se funda en la comunidad —en su voluntad de vivir, en el consenso y en la factibilidad de proyectos compartidos—. Cuando quien ejerce la autoridad cree que la sede del poder reside en su propia subjetividad o en la institución que controla, y no en el pueblo o la comunidad que lo delega, se produce la corrupción más grave.
El destazador de universidades actúa exactamente así: se siente dueño absoluto y por eso puede amenazar públicamente con sancionar a quienes sigan con “sus locuras y fumadas”. Hoy salió a gritar que dará el Bono 14, como si fuera de él el dinero, sin decir que a quienes están en resistencia no les pagará el rectorcito.
No hay debate posible, no hay diálogo, no hay crítica legítima. Solo obediencia. Esa intolerancia nace del fetichismo: como el poder “es suyo”, cualquier disidencia es locura o fumada que debe ser castigada.
Una característica adicional del poder fetichizado, como recuerda González, es que envilece tanto a quien lo ejerce como a quienes lo rodean. Los “achichincles” no faltan: personas que secundan, aplauden y justifican para mantenerse cerca del centro de decisión. Esta es una dinámica egocéntrica que refuerza la ilusión de que el líder siempre tiene la razón y genera un ambiente tóxico de miedo, división y ausencia de pensamiento crítico.
La otrora universidad libre deja de ser espacio de formación reflexiva y se convierte en feudo donde la lealtad ciega sustituye a la excelencia académica. Los rasgos que el psicólogo Iñaki Piñuel describe en los psicópatas organizativos —egoísmo, narcisismo, manipulación, ausencia de remordimiento— encuentran aquí su hábitat perfecto, camuflados como “capacidades directivas”.
Como hemos documentado una y otra vez: Lo que ocurre en la Usac no es un episodio aislado. El fraude de 2022 fue, como han señalado analistas, un anticipo de dinámicas más amplias de captura institucional. Hoy, podcasts, entrevistas y espacios de reflexión —como los que recientemente han abordado el tema con profundidad— siguen desnudando la cooptación del sistema de justicia y la decepción ante respuestas insuficientes.
Es necesario que estos debates trasciendan la denuncia inmediata y se conviertan en reflexión académica y política sostenida. La Usac, con su historia, no puede seguir siendo el laboratorio de experimentos cleptocráticos ni el feudo de subjetividades corruptas.
Liberar la Usac del usurpador que la controla es urgente. Pero la solución de fondo exige romper el monopolio fallido de una sola universidad pública masificada y construir un ecosistema plural de educación superior. Empecemos con crear al menos cuatro universidades públicas. Quetzaltenango ya tiene condiciones para tener su propia universidad pública y autónoma: la UAQ, Universidad Autónoma de Quetzaltenango. Esto debe dar origen a la creación de un sistema nuevo de educación pública superior despolitizado y académico, con claros indicadores de eficiencia y pertinencia, en el norte, oriente y sur de Guatemala.
La noche obscura de la Usac puede pasar y construir a la verdadera USAC. La recuperación no vendrá de la pasividad ni del mutismo cómplice. Vendrá de la resistencia persistente, de la exigencia de rendición de cuentas, de la construcción colectiva de alternativas de un nuevo sistema de educación pública superior y de la convicción de que otra universidad —y otro país— son posibles. Lo haremos al andar ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
