El Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) expresó su preocupación por los hechos registrados en Santa María Nebaj, Quiché, durante una diligencia judicial de desalojo y los posteriores actos de violencia, entre ellos el incendio de la vivienda de una jueza que autorizó la medida.
Mediante un comunicado, la gremial manifestó su solidaridad con las personas, familias, profesionales, autoridades y comunidades afectadas, y reafirmó su compromiso con la independencia judicial y el libre ejercicio de la profesión.
Asimismo, sostuvo que ningún funcionario, autoridad comunitaria o ciudadano debe ser objeto de amenazas, intimidaciones o represalias por el ejercicio legítimo de sus funciones.
📢 Comunicado pic.twitter.com/Gxsuop9Y4L
— Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (@CangGuatemala) August 1, 2026
El CANG también rechazó el uso excesivo de la fuerza durante el cumplimiento de órdenes judiciales, especialmente en desalojos, al considerar que estos procedimientos deben ejecutarse con estricto respeto al debido proceso, los derechos humanos y la dignidad de las personas involucradas.
Además, hizo un llamado a que cualquier inconformidad con resoluciones judiciales sea canalizada por la vía legal y no mediante actos de violencia o destrucción de bienes. También pidió a las autoridades realizar una investigación pronta, objetiva, imparcial y transparente, garantizando la presunción de inocencia y el derecho de defensa.
EL DESALOJO E INVESTIGACIONES
Los hechos ocurrieron el 30 de julio en la aldea Tzalbal, Santa María Nebaj, Quiché, donde una diligencia de desalojo contra una mujer de 72 años derivó en disturbios. Según reportes locales, pobladores incendiaron la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales, quien emitió la orden judicial.
De acuerdo con versiones conocidas del caso, el desalojo se originó por una disputa familiar sobre la propiedad del inmueble, promovida por uno de los hijos de la adulta mayor.
La Policía Nacional Civil (PNC) informó que el procedimiento fue ejecutado en cumplimiento de una orden judicial y contó con la participación de un notificador y ejecutor judicial, una intérprete del Juzgado de Primera Instancia Civil de Nebaj, así como delegados de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y de la Procuraduría General de la Nación (PGN). La institución añadió que realiza verificaciones internas sobre la actuación de los agentes y la reacción de la población.
Desalojo de una anciana en Nebaj desata violencia entre la población que quema la casa de una jueza
Por su parte, el Organismo Judicial (OJ) condenó los actos de intimidación y violencia, al considerar que constituyen una afectación a la independencia judicial y al Estado de Derecho. La institución informó que brinda acompañamiento a la jueza López Morales y reiteró que ningún acto de presión debe interferir en el ejercicio de la función jurisdiccional.
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirmó que el desalojo respondió a una resolución judicial que había agotado las instancias legales correspondientes. No obstante, indicó que el Ministerio de Gobernación y la PNC evaluarán si durante la diligencia se cumplieron todos los protocolos aplicables al tratarse de una persona adulta mayor.
Tras hechos violentos en Nebaj, Quiché, OJ respalda a jueza que ordenó desalojo de anciana
Villeda también rechazó el incendio de la vivienda de la jueza y señaló que las diferencias con las resoluciones judiciales deben resolverse mediante los mecanismos establecidos por la ley.
En tanto, el Ministerio Público (MP) informó que abrió una investigación por los hechos ocurridos durante y después del desalojo.
La institución precisó que, aunque no participó en la planificación ni en la ejecución de la diligencia, realiza pesquisas para establecer posibles responsabilidades penales relacionadas con el procedimiento y con los actos de violencia registrados posteriormente.
Ministerio de Gobernación y PNC evaluarán si desalojo de anciana en Quiché cumplió los protocolos
