La sociedad guatemalteca sigue sometida al proceso pedagógico el cual desde una concepción sociológica podríamos llamarle Pedagogía del Terror. En el área rural aún espantan a la población los chantajes de ser juzgado sumariamente por parte del ejército; lo que de hecho se convierte en una amenaza de control autoritario que utiliza el miedo como su principal recurso didáctico para moldear nuestra conducta política y social y se obliga a un silencio pedagógico.
Esa pedagogía está presente en algunos departamentos en el norte del país, obligando a la población a modificar sus hábitos y costumbres respecto a su seguridad personal y de su familia; tal el caso de restringir su libertad personal y social a las mujeres y en especial a las niñas en edad adolescente ante la posibilidad de ser raptadas por grupos armados que han hecho de esos territorios su sede de acciones delictivas.
La violencia y el terror que generan los grupos delictivos paraliza e implica que la población no se mueva y hasta cierto punto es como que, si fuera un entrenamiento para desensibilizarnos, son lecciones diseñadas para reducir al ser humano y quitarle cualquier asomo de rebeldía, esperanza de un cambio social.
Esta violencia es un impacto fuerte en la infancia y juventud de la población, la pedagogía del terror nos enseña a no sentir y esa fragmentación del tejido social urbano y rural pareciera que es el triunfo del crimen organizado y desorganizado. No existe el antídoto contra la deshumanización creciente que nos produce el consumir tragedias al ver videos cortos en el teléfono celular, esperando la siguiente imagen de horror sin que nos altere en lo más mínimo.
El acoso y posibilidad de ser raptadas por los grupos delictivos ha desencadenado una serie de medidas de protección a las niñas y señoritas tal como que, a partir de las tres de la tarde se resguardan en sus casas de habitación ante el acecho de quienes las consideran trofeos vivientes y posteriormente ser vendidas o negociadas fuera de las fronteras del país.
La realidad no tiene azúcar y las autoridades deben encarar este problema que se convirtió en una epidemia de violencia sexual sistémica; las niñas y jovencitas sólo recordarán el momento en que dejaron de correr libremente por la calle, sin embargo, existe una estructura que las hace frágiles para limitarse, pero lo suficientemente responsables para cuidar a sus hermanos menores.
Se necesita menos blá blá blá y más y mejores políticas públicas que dejen de ver a las niñas como “proyectos de mujer” y se principie a verlas como sujetos de derechos a una vida sin temores.
En términos generales, la población tiene derecho a vivir sin los altibajos de la pedagogía del terror impuesta por la delincuencia en cualquier actividad generadora de trabajo y susceptible de las extorsiones, en todos los niveles económicos, desde los negocios de venta de tortillas hasta las cafeterías populares y ventas de hot dogs en las carretillas.
Vale la pena que las autoridades pongan atención a estos casos y que impongan su autoridad al menos con su presencia ante los actos de grupos que hacen ostentación de armas con el objeto de intimidar a las mismas autoridades y a la población.
