Fernando Mollinedo C.
No cabe duda, el atraso social en que a través del tiempo nos han mantenido los diferentes equipos de gobierno presididos por personas ignorantes que fueron seleccionadas por el poder tras el trono, es decir, que han sido y son los verdaderos dueños del país, utilizando como sus representantes a las elites económicas agremiadas que dirigen la economía nacional, nos tienen hoy al borde de una catástrofe social.
Ninguno de los denominados “partidos políticos” se han pronunciaron, ni ayer ni hoy respecto a la eterna crisis que vive la sociedad guatemalteca por el mal manejo de la administración pública; lo cual ha repercutido de forma directa en la sociedad que sigue esperando cual si fuera limosna que se alivien algunos de sus problemas más ingentes, porque “curarlos o sanarlos en definitiva” se sabe que sería imposible, debido a la poca o nula educación en valores humanos de los administradores gubernamentales.
La miopía e ignorancia cultural de los gobernantes, desde tiempos Colonial, les hizo creer que, quienes se opusieron a los abusos y desmanes de las autoridades fueron y son enemigos del Estado etiquetándolos como: delincuentes, terroristas, comunistas, socialistas, derechistas, izquierdistas y facinerosos, por haber denunciado públicamente los negocios ilícitos con países y empresas nacionales o extranjeras, con actos que toleraron la vulneración de la soberanía nacional, así como la concesión, arrendamiento y venta de los bienes nacionales lo que constituyó saquear el erario nacional y por ende ser lesivos al Estado.
Los gobernantes utilizaron, en su mayoría, a los ARE: Aparatos Represivos del Estado (ejército y policías específicamente), aunque recurrieron a los grupos paramilitares y modernamente a los sicarios provenientes de las maras y grupos del narcotráfico para eliminar físicamente a sus opositores políticos atribuyéndoles los crímenes a la delincuencia común. Dicha circunstancia fue muy usual en las dos últimas décadas del siglo pasado, en Guatemala con mayor énfasis durante los años ochenta cuando el país fue gobernado por regímenes militares.
La modernidad que alcanza a toda actividad humana con el uso de la tecnología desarrolló nuevos sistemas de represión, siempre con el irrespeto a los derechos humanos de quienes fueron y son considerados enemigos del régimen; el espionaje telefónico ha sido la mejor herramienta que ha utilizado el aparato gubernamental desde hace unos veinte años, pero, sin descontar la delación o traición de quienes son prácticamente comprados a cambio de dinero o conservación de la vida.
En los años ochenta, se vivió un clima de terror institucionalizado, la amplia gama de ARE fue integrada entre otras dependencias gubernamentales por la Guardia de Hacienda (la panel blanca), Policía Nacional, Migración, Comando 6, Policía Judicial (supuestamente detectives), Ejército de Guatemala, la Regional, la Mano Blanca, el Jaguar Justiciero, la G2, comisionados militares, Departamento Técnico de Investigaciones (DIT) pastores protestantes y sacerdotes católicos al servicio del ejército, auto patrullas civiles (PAC), algunas policías privadas al servicio de la represión institucionalizada más otras más cuyos nombres no me vienen a la memoria.
Hoy como ayer, derivado de los acontecimientos políticos, se vive en Guatemala un clima de incertidumbre similar al de los años ochenta en relación a la inseguridad, a la falta de certeza jurídica, por la delincuencia común organizada y desorganizada además de la institucional, la anarquía administrativa en casi todas las dependencias gubernamentales, las noticias de robos, desfalcos, apropiamiento indebido de los bienes nacionales y el otorgamiento de licencias y concesiones petrolera y mineras sin cumplir con los requisitos legales; en fin, otra vez para aflicción de los guatemaltecos 1980 dice ¡PRESENTE! Como dijo George Santayana: QUIEN NO CONOCE SU PASADO, ESTÁ CONDENADO A REPETIRLO.
