El gobierno de Estados Unidos canceló el financiamiento con el cual permitía llevar a cabo la representación legal de alrededor de 800 menores inmigrantes residentes en Estados Unidos y llegaron solos a dicho país, por lo que podrían enfrentar sus procesos en la corte de inmigración sin un abogado que los represente, siendo una panorámica desconsoladora, ya que 9 de cada 10 casos están siendo rechazados por jueces migratorios y promoviendo su deportación, un tema que debería preocupar a los gobiernos como es el caso de Guatemala, Honduras y El Salvador entre otros.
Debo poner como ejemplo y recordar que el contrato federal que proveía el financiamiento de los servicios legales para menores inmigrantes no acompañados a través de Acacia Center for Justice y su red de más de 100 abogados migratorios que proveían servicios legales expiró, debido a que la administración del presidente Donald Trump no tiene un plan para renovarlo como parte de las políticas antiinmigrantes establecidas para deportarlos.
Sin representación legal, los menores inmigrantes tienen derecho a quedarse en los Estados Unidos en menos del 1% de las ocasiones, ya que según varios estudios de organizaciones estadounidenses muestran que los jueces de inmigración tienen alrededor de 100 veces menos probabilidades de conceder ayuda a un menor inmigrante ilegal sin abogado.
Dentro de los proveedores de servicios legales para inmigrantes no acompañados está la organización Centro de Defensa Legal de Charlotte (CCLA), que actualmente tiene más de 450 casos de menores inmigrantes pendientes en cortes migratorias.
En abril de 2025, se reportó que CCLA perdería alrededor de US$900,000 en fondos para poder llevar a cabo la representación legal de más de 300 menores inmigrantes que entonces representaban en las cortes migratorias.
En febrero de ese año, la administración Trump ordenó retener los fondos destinados a los proveedores legales, como parte de un esfuerzo del gobierno en reducir el gasto del gobierno. Aunque el presidente Trump rescindió esa orden días posteriores, el contrato que otorga esos fondos a las organizaciones pro inmigrantes estuvo sujeto a revisión y expiró el 31 de marzo de 2025, teniendo como consecuencia la reducción de abogados y los servicios a la población, afectando alrededor de 450 casos de menores inmigrantes.
Dentro del trabajo que se realiza por parte de las organizaciones pro inmigrantes en favor de los menores se busca el poder obtener la visa juvenil o Estatus Especial de Inmigrante Juvenil (SIJS), la cual es una clasificación humanitaria para menores de 21 años que viven en los Estados Unidos y que no pueden reunirse con sus padres debido a abuso, negligencia o abandono.
Fondos congelados por defender la privacidad de los niños
Los fondos federales otorgados a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS) para la organización pro inmigrante Acacia como ejemplo, están actualmente congelados debido a una disputa entre la organización y la administración Trump, recordando que se implementó una política que exige a los proveedores de servicios legales datos personales y confidenciales sobre los casos de sus clientes menores de edad como condición para acceder a los fondos, a lo que se negaron al cumplimiento de la orden argumentando que compartir detalles legales y confidenciales de los casos que defendían viola las normas éticas y la confidencialidad entre abogado y cliente.
Alrededor de más de 26,000 menores en EE. UU. con un futuro incierto
Las organizaciones pro inmigrantes que defienden casos en cortes migratorias estiman que entre 20,000 y 26,000 niños inmigrantes no acompañados menores de 18 años corren el altísimo riesgo inminente de perder su representación legal en los procedimientos de inmigración tanto en las cortes como ante USCIS, quedando en el riesgo de ser deportados a sus países.
Se debe recordar que son niños que huyeron de la violencia, la trata, el abuso y de ser incorporados dentro de las maras existentes en países como Guatemala, Honduras y El Salvador, para buscar seguridad en Estados Unidos, que sin un abogado migratorio defensor en sus casos, se verán obligados a enfrentar solos a uno de los sistemas legales más complejos de los Estados Unidos como es el sistema migratorio por su cuenta y con alto riesgo de enfrentarse con abogados gubernamentales formados en procedimientos que determinarán su futuro y jueces migratorios impuestos por la actual administración, que promoverán indudablemente su expulsión.
Dentro de las consecuencias que conozco, se obligó a los proveedores de servicios de defensa legal el dejar de aceptar nuevos casos y a forzar a algunas organizaciones a su cierre y abandono de casos de defensa.
Perturbador proceso sin representación legal para menores
La situación que enfrentan estos menores inmigrantes de varias nacionalidades entre ellas guatemaltecos, hondureños y salvadoreños entre otros, fue tratado en un panel de expertos en tema migratorio, organizado por las organizaciones America’s Voice y Center for American Progress, que dentro de las conclusiones se estableció que la crueldad y la imprudencia deben concluir, mejorando las políticas de inmigración en Estados Unidos, ya que tener que enfrentarse un niño inmigrante y presentarse solo ante un juez de inmigración para hablar de su solicitud de asilo es perder el proceso, ya que no hay nada en ese proceso que evoque justicia; siendo un sistema muy punitivo para los menores.
La falta de defensa legal para menores inmigrantes no acompañados en Estados Unidos vulnera gravemente el debido proceso y ante la crisis por el colapso y recorte de fondos a redes de asistencia jurídica, los gobiernos de países expulsores de menores migrantes como Guatemala deben redoblar la protección consular con la contratación de abogados para defensa de casos de menores, exigir garantías de derechos humanos.
Reitero que las cancillerías tanto de Guatemala, Honduras y El Salvador deben considerar el ampliar el patrocinio jurídico extraterritorial, financiar o articular convenios directos con organizaciones pro inmigrantes legales o universidades en Estados Unidos para asegurar representación pro bono a los menores guatemaltecos, salvadoreños y hondureños.
Incrementar el personal especializado en derechos de la niñez en los consulados establecidos en EE. UU. para monitorear audiencias y detectar detenciones arbitrarias o intentos de deportación acelerada de menores, que no se realiza y demuestra una seria deficiencia en asistencia consular.
Considerar el optimizar los protocolos de recepción y deportación en los países, asegurando un abordaje psicosocial riguroso a través de la Procuraduría General de la Nación (PGN), Facultades de Psicología de universidades privadas y públicas y la Secretaría de Bienestar Social, cuando se produzcan deportaciones, velando por el interés superior del niño y evitando la revictimización ante la falta de capacitación para tratar a los menores deportados.
A la vez, se debe desplegar una diplomacia activa que exija formalmente al gobierno estadounidense, el cumplimiento de los acuerdos internacionales de protección a la infancia y el respeto a los procesos de asilo abiertos de forma conjunta con países como El Salvador, Honduras y México con el apoyo de los Obispos de Estados Unidos y de los países antes citados entre otros, creando un frente común con acciones en favor del sector más vulnerable de la migración como son los menores.
