El gobierno de Estados Unidos por medio del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dio a conocer que localizó a más de 146,000 menores inmigrantes de los 450,000 menores que estima fueron ingresados en forma ilegal a los Estados Unidos sin la documentación, principalmente por la frontera sur colindante con México, inculpando directamente a la administración demócrata de Joe Biden, que promovió una crisis humanitaria migratoria sin precedentes, no reconocida por ningún gobierno, enfatizando que están pendientes de ubicar a más de 300,000 menores dentro de la Unión Americana.
El trabajo de localización de los más de 300,000 menores estimados por parte de autoridades, se encuentra a cargo del personal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos ICE y del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS).
Todd Blanche, fiscal general interino de Estados Unidos, en conferencia de prensa dio a conocer que “un desplazamiento tan elevado de menores de edad, operó una red delictiva, agregando que se encuentran involucrados los cárteles mexicanos de la droga para trasladar a los niños a través de la frontera, así como el patrocinio de personas para encargarse de los menores, a quienes les obligaban a mentirle a los funcionarios del gobierno estadounidense, afirmando que eran parientes cercanos”, expresó el funcionario.
“Durante muchos años, bajo la administración anterior, menores no acompañados fueron contrabandeados a Estados Unidos y luego acogidos por un programa gubernamental mal administrado guiado por una dirección política imprudente”, dijo el fiscal general en funciones, Todd Blanche. “En lugar de proteger a los niños, estos acusados y otros presuntamente se aprovecharon del programa y lo utilizaron para incentivar el contrabando ilegal de menores no acompañados a Estados Unidos.
Al respecto, recientemente en Cleveland, Ohio, se presentaron acusaciones formales contra tres inmigrantes ilegales de Guatemala condenados a prisión federal y estatal por tráfico internacional de menores extranjeros no acompañados y por defraudar al gobierno, mientras que otro inmigrante ilegal fue sentenciado a prisión por introducir ilegalmente a un menor extranjero no acompañado en Estados Unidos en 2023 y luego obtener fraudulentamente la custodia del niño, al que posteriormente abusó sexualmente.
Las acusaciones imputan a Maritza Azucena C. C. de 38 años, y a su hermano Carlos Agustín C. C. de 33, ambos inmigrantes indocumentados de Guatemala, por su participación en una conspiración internacional de tráfico de personas, que se extendió aproximadamente desde diciembre de 2020 hasta octubre de 2023, e incluyó la presentación de múltiples solicitudes fraudulentas de patrocinio ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para obtener la custodia de menores no acompañados.
Gladys Marina C. Ch. de 20 años, inmigrante indocumentada de Guatemala, quien también fue patrocinada fraudulentamente como menor no acompañada, está acusada de hacer declaraciones falsas al gobierno en relación con una solicitud de patrocinio de menor no acompañado, según lo informado por el fiscal interino de Estados Unidos.
También se dio a conocer que el Departamento de Justicia (DOJ) le está dando seguimiento a 15,500 casos de presuntos patrocinadores ligados a miles de menores inmigrantes dentro de los cuales se encuentran guatemaltecos, hondureños y salvadoreños entre otros que fueron introducidos a los Estados Unidos entre 2021 y 2024 en la administración Biden.
Las investigaciones indican que se dio la presentación de documentos de identidad alterados, declaraciones falsas presentadas a funcionarios de gobierno dirigidas a obtener la custodia de los menores inmigrantes.
Debo recordar que el periódico New York Times realizó reportaje en 20 estados de la Unión Americana, indicando que los menores inmigrantes entre ellos guatemaltecos, hondureños y salvadoreños, eran víctimas de explotación laboral, expuestos a peligros por utilización de maquinaria y que había menores guatemaltecos muertos y de otras nacionalidades.
Por lo cual planteé a las autoridades de la cancillería guatemalteca en la anterior administración y en la actual, realizar las investigaciones y explicaciones del porqué ninguna autoridad consular informó de dicha publicación realizada y de las acciones que deberían haber efectuado y presentado ante sus respectivos gobiernos y lo planteado ante el gobierno de Estados Unidos para protección y asistencia de menores, nunca obteniendo respuesta lamentablemente, enfatizando que se ha dejado en el abandono al sector más vulnerable de la migración como son los menores inmigrantes.
Hago un llamado a los miembros de la Comisión de Migrantes, Derechos Humanos, Relaciones Exteriores, Menor y la Mujer del Congreso de la República de Guatemala, para citar a funcionarios de la cancillería y solicitar explicación de lo actuado en relación a las denuncias de explotación laboral y muertes suscitadas de menores inmigrantes en la Unión Americana, como parte de su competencia que tienen, no hacerlo, será una irresponsabilidad.
