Un grupo de sátrapas (Presidencia, Congreso, Ministerio Público, Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y un reducido grupo de muy malos guatemaltecos, incluidos algunos líderes de los partidos políticos derrotados en las elecciones 2023) nos llevan en la ruta hacia las tiranías tropicales de Maduro en Venezuela y de los Ortega en Nicaragua.
El viernes pasado, haciendo gala de una arrogancia aberrante, aunada a una incompetencia sin igual, fiscales del Ministerio Público, conducidos por su secretario general, exponían los supuestos hallazgos del presunto “fraude electoral” que dicen investigar. Lo único que probaron en dicha conferencia de prensa fue que su intención, desde un inicio, ha sido la de anular las elecciones. El jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad lo expresó clara y tajantemente, y cuentas de netcenters afines al MP lo celebraron, incluso antes de que se diera la conferencia de prensa de marras.
Las sanciones por parte de los Estados Unidos y la Unión Europea no se han hecho esperar. El gobierno americano retiró la visa a unas 300 personas, entre ellas, más de 100 diputados, empresarios y particulares. Las sanciones serán extensivas a sus respectivos núcleos familiares. El presidente Giammattei aprovechó estas sanciones para protestar por la que realmente le importa, la inclusión de Miguel Martínez en la lista de la OFAC, del Departamento del Tesoro. Muy probablemente, el 15 de enero, él también correrá con la misma suerte, al ser uno de los artífices de este golpe a la democracia. Han sido tantos, tantísimos sus embustes durante su mandato, que es simple y llanamente imposible creerle que va a entregar el poder el 14 a las 14.
Aunado a esta crisis política, 108 diputados aprobaron, en la misma sesión, el retiro de antejuicio a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y también un verdadero mamarracho de presupuesto, una oda a la corrupción y al saqueo del Erario en 2024. Conociendo cómo negocian los diputados, el mismo presupuesto puede dilatar todo el período que gobierne Bernardo Arévalo. La cosa no termina allí. Los candados que impusieron los diputados pueden resultar sumamente costosos para los guatemaltecos. Las restricciones presupuestarias incluidas en el presupuesto harán muy difícil para el próximo gobierno pagar la deuda soberana nacional, situación que puede incidir negativamente en las calificaciones de riesgo de nuestro país. De hecho, después de la conferencia del MP, los Bonos del Tesoro de Guatemala con vencimiento 2050 bajaron 1.7 centavos por dólar, situando su precio en el mercado en 85 centavos por dólar de su valor facial, es decir, el valor nominal de dicho bono, lo que refleja una disminución en la confianza del público inversionista en el Estado guatemalteco. Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que Estados Unidos y la Unión Europea representan más de un tercio de las exportaciones guatemaltecas, por lo que si las sanciones también se dirigen al comercio exterior y a transacciones financieras, como las remesas, la economía nacional va a sufrir en serio.
Se debe ser muy mezquino y cutre para dejar a nuestro país en una situación que puede representar un riesgo muy serio para nuestra economía, sólo para ver que el próximo gobierno fracase. Eso es exactamente lo que hicieron los diputados que aprobaron el proyecto de presupuesto 2024, siguiendo las instrucciones del recién sancionado por la OFAC. La obligación del presidente debe ser vetar este presupuesto. Creo que a estas alturas es obvio que no lo va a hacer.
Debemos alcanzar acuerdos como ciudadanos para presionar a estas “élites” a que finalicen su asedio a la democracia, y al presidente, para que vete el presupuesto 2024. Las consecuencias que sufriremos los guatemaltecos, nosotros y nuestros hijos, pueden ser gravísimas.
