En aquella época, los Estados Unidos fueron parte de esa atroz represión generalizada. Eran los tiempos de la guerra fría, de las llamadas “guerras de baja intensidad”, cuando los ejércitos contrainsurgentes de América Latina eran entrenados por ellos y el fundamento doctrinario de la razón de ser de esa guerra se construía a partir de la necesidad de derrotar un enemigo interno, el comunismo internacional, que pretendía “destruir la democracia”. Las élites empresariales también fueron parte activa de la contrainsurgencia.
En esos años, la alianza oligárquico imperialista instrumentalizó al ejército para intentar acabar con los movimientos guerrilleros, recurriendo para ello a la represión contra lo que se consideraba su base social, la población rural, principalmente indígena, ya que el propósito era “quitarle el agua al pez”.
Afortunadamente esa época se superó. Primero fue el regreso de los militares a sus cuarteles y el inicio de una transición a la democracia; luego la firma de la paz entre el gobierno y la guerrilla, que consolidó la transición democrática.
A partir de allí, el Estado guatemalteco logró salir del sótano en el que se mantuvo durante muchos años a los ojos de la comunidad internacional.
Hubo, en ese período, un episodio vergonzoso para la democracia cuando un aprendiz de dictador, Serrano Elías, quiso romper el orden constitucional. Pero no pudo hacerlo, la Corte de Constitucionalidad fue el fiel de la balanza y determinó el fin de esa aventura golpista. Las élites empresariales no apoyaron a Serrano Elías y el ejército actuó en correspondencia con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. Se superó así, con prontitud, ese episodio nefasto.
Ahora, 37 años después de iniciada la “era democrática”, nuevamente se produce un intento de golpe de Estado, pero ya no uno militar, sino que utilizando el poder judicial: los jueces y magistrados cooptados y el repudiado Ministerio Público.
Es así como Guatemala se encuentra al borde de constituirse, si las intenciones golpistas se consumaran, otra vez en un paria internacional. Pero en condiciones diametralmente opuestas a lo ocurrido en los años ochenta. Los Estados Unidos abiertamente condenan a los golpistas. La consolidación de las redes político criminales ejerciendo el poder en Guatemala le es infuncional a sus intereses geopolíticos. Los gobiernos de muchos países, más allá de su signo ideológico, rechazan abiertamente la asonada judicial. Las élites empresariales, presionadas por los Estados Unidos, se han distanciado de sus coyunturales y vergonzosos aliados, las redes político criminales referidas.
Ahora, en las calles, no hay un movimiento revolucionario que amenace el estatus quo. Lo que existe es una movilización inédita de las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas que defienden la democracia y un amplísimo rechazo social al gobierno saliente y a los golpistas.
Si se consumara el golpe, Guatemala pasaría otra vez a la categoría de país paria, pero ahora sin que haya una alianza oligárquico imperialista y un ejército que sustenten ese proyecto. ¿Estarían, en lo personal, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad dispuestos a asumir los costos que implicaría para ellos y sus familias resolver apoyando el golpe si tal proceso concluyera en sus manos?
