Ir a la zona 1 en estas fechas resulta muy complicado, si no imposible, no por las ventas navideñas que otrora ocupaban calles y avenidas del centro, sino porque el presidente, los diputados, las cortes y el Ministerio Público han ordenado literalmente cerrar el centro de la ciudad para que nadie pueda llegar a hacerles manifestaciones mientras ellos realizan todo tipo de acciones para acabar con la democracia de nuestro país.
El pasado jueves 30 de noviembre las colas de vehículos para ingresar a la ciudad por la carretera al Atlántico llegaban al kilómetro 12. Literalmente había 12 kilómetros de cola para ingresar a la ciudad porque la zona 1 estaba cercada por toda la Policía Nacional Civil. Quienes se supone que deberían estar velando por la seguridad de todos los guatemaltecos, recibieron órdenes de dejar su verdadera labor, para dedicarse a cuidar a un pequeño grupo de sinvergüenzas quienes, por soborno o por chantaje, o ambos, votaban comprometidos con la corrupción, como bien lo expresó un diputado que no fue reelecto.
La cobardía no termina allí. Quienes ordenaron el cierre del centro, también se valen de un reducido grupo de netcenteros, quienes, desde el anonimato, tratan de infundir miedo e intimidar a la población por medio amenazas en redes sociales, avisando los pasos y las medidas que el Ministerio Público dará para ejecutar órdenes de captura y detener así a los “enemigos” del régimen, inclusive en casos bajo reserva, que se supone que únicamente el juez y los acusadores, el MP, conocen.
El Ministerio Público se apresta a dar los últimos golpes para consolidar esta dictadura, haciendo causa penal por fraude electoral en contra de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y las Juntas Receptoras de Votos (quienes valientemente custodiaron nuestros votos), además de medios y periodistas incómodos y figuras críticas del régimen, como el Cardenal Ramazzini, por citar un ejemplo. Para ello, la Fiscal General dice abiertamente que su mandato proviene de Dios y que va a cumplir con sus obligaciones “le guste a quien le guste”.
Por otro lado, el Gobierno de los Estados Unidos dio un claro mensaje de que está dispuesto a apoyarnos en nuestra lucha contra la corrupción, prueba de ello es la inclusión en la lista de la OFAC, por sus siglas en inglés, al exjefe del centro de gobierno, quien dice ya no ser parte de este gobierno, aunque lo custodian a él y su familia guardaespaldas pagados con nuestros impuestos, entre otras prebendas. La Unión Europea también tiene sanciones financieras similares contra infractores de los derechos humanos (el haberle quitado el derecho humano de acceso a la salud y a la vida a miles de guatemaltecos por el contrato con el Fondo de Inversión Ruso), vuelven este acto una violación flagrante de los derechos humanos, lo que calificaría, no sólo a esta persona, sino que, a otros miembros de la administración actual, como violadores de derechos humanos, calificando claramente a esta sanción.
Lo que falta es que nosotros pongamos de nuestra parte para alcanzar, como sociedad, los acuerdos que nos permitan a todos los guatemaltecos trabajar por un mejor país, en igualdad de condiciones. Acuerdos que permitan a los niños acceder a una alimentación adecuada para erradicar de una vez por todas el mal de la desnutrición crónica infantil en nuestro país; que permitan que todos los guatemaltecos tengamos acceso a la salud y a una educación de calidad; en pocas palabras, a vivir en un mejor país.
