El Ministerio Público y las Cortes han sido los instrumentos de este nuevo experimento de un “golpe de estado judicial” en América Latina que estamos viviendo en Guatemala. Esta perversa estrategia va más allá de cuál es el proyecto ideológico político que se pretende impulsar con ella. Igual puede, y ha sido, impulsado por una u otra corriente ideológica.
Judicializar la política o politizar la justicia para lograr alcanzar el poder o mantenerse en él es atentatorio al carácter republicano y democrático de un Estado.
Es así, como en nuestro país, estamos viviendo el momento más crítico que hayamos tenido desde la transición a la democracia, luego del imperio de las dictaduras militares. El riesgo es real e inminente, pero no es el desenlace inexorable de la crisis.
Afortunadamente, para la institución armada y para el país, los militares se han mantenido al margen de esta crisis política y es de esperarse que así sigan. Nada ganan con servirle de sustento represivo a las mafias político criminales.
Hay tres actores fundamentales en la definición del desenlace que tendrá esta crisis. En primer lugar, la capacidad de movilización de la ciudadanía que se opone al golpe. El liderazgo de las autoridades ancestrales en este campo parece no alcanzar para incrementar los niveles necesarios de movilización social. Pero, aún así, mantienen la capacidad de presionar desde los territorios rurales. Es muy importante la incorporación de los sectores urbanos. Por eso es muy relevante la movilización convocada para mañana.
En segundo lugar, están las presiones que se hagan desde la comunidad internacional, especialmente los Estado Unidos. Aquí todos afortunadamente están alineados en este propósito. Pero su impacto dependerá de la magnitud de las sanciones que impacten sobre las élites empresariales insuficientemente involucradas en luchar por derrotar a las redes político criminales y, más puntualmente, en la presión que reciban quienes, individualmente, tendrán la responsabilidad, desde la institucionalidad judicial, de evitar que se concreten los propósitos de las redes político criminales de aniquilar la democracia, responsabilidad que se expresará en las resoluciones que emitan.
Y, en tercer lugar, están los personajes que, desde su función jurisdiccional, tanto en materia electoral, como penal y constitucional, tienen la competencia de dictar las resoluciones que jurídicamente puedan definir el éxito de los golpistas.
Este último aspecto es de naturaleza eminentemente subjetiva. Y sólo es relevante en relación con los actores que no han cruzado el “punto de no retorno”. Los Estados Unidos han sido muy inteligentes en la aplicación gradual de las sanciones, de tal manera que quienes están en el filo de la navaja puedan bajarse de allí, antes de sufrir las consecuencias personales y familiares que sus conductas provoquen.
Son días en extremo críticos. Para EE. UU, aunque enfrentan temas urgentes en términos de la geopolítica (Ucrania e Israel), su “patio trasero” sigue siendo relevante. La tienen muy difícil en Centroamérica. Daniel y Rosario, los dictadores nicaragüenses, están definidos en sus inclinaciones geopolíticas; y el respondón de Bukele los tiene increíblemente marginados. Por eso, Guatemala, no es poca cosa. Permitir la entronización de las redes político criminales en el poder político de nuestro país lo haría infuncional para sus intereses. Por eso, los Estados Unidos “pide posturas más críticas en la OEA”.
El tornillo del pacto de corruptos aprieta hasta ahogar la democracia, pero las tenazas de la pinza que puede aflojarlo tienen como brazos la presión externa y la movilización nacional.
