Emilio Matta

emiliomattasaravia@gmail.com

Esposo y padre. Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín, MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile, Certificado en Métodos de Pronósticos por Florida International University. 24 años de trayectoria profesional en las áreas de Operaciones, Logística y Finanzas en empresas industriales, comerciales y de servicios, empresario y columnista en La Hora.

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No cabe la menor duda de que este proceso electoral 2023 ha sido el más viciado y sucio, con diferencia, de todos los que ha habido en Guatemala desde que se promulgó la Constitución de 1985. Varias cortes han metido mano en estas elecciones, incluida la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia, salas de Apelaciones y también de lo Contencioso Administrativo. El papel que ha jugado el Tribunal Supremo Electoral ha sido deplorable, con el gran demérito de los actuales magistrados de destrozar la credibilidad de una de las últimas instituciones serias e independientes que quedaban en Guatemala. El Registro de Ciudadanos no se quedó atrás, hay mano oculta que ha incidido para decidir quiénes si participan y quiénes no.

Se juega mucho en estas elecciones y no se quieren sorpresas. Ni candidatos radicales ni candidatos díscolos, solo quienes estén “alineados”. Aquello de alineados, por supuesto, es tan sólo una ilusión. Como se consiguen votos en el congreso y lealtades en las municipalidades es utilizando el Erario, con la asignación a dedo y generosa del Listado Geográfico de Obras, eso todos lo sabemos. Lo saben mejor que nadie los candidatos que van a la cabeza. Han sido parte de este sistema por mucho tiempo, demasiado.

La propuesta electoral es inexistente. Los candidatos se han decantado por bailar y actuar, cuales bufones, en la tarima, en vez de discutir con seriedad propuestas para salir del agujero en el que se encuentra el país. El combate a la corrupción, que debería ser la primera propuesta de cada candidato, ni siquiera se toca, en la mayoría de los casos. Seguro que no lo hacen, si todos los candidatos han sido parte, por acción u omisión, de este mal que nos aqueja desde nuestra misma fundación, y que cada vez se hace con mayor descaro y cinismo. Compras de medicamentos sobrevaloradas, obras de infraestructura asignadas a dedo y ejecutadas mediocremente que se caen en el primer invierno, pactos colectivos leoninos con los sindicatos de educación y salud, y un larguísimo etcétera que en este espacio no alcanzaría a enumerar. Pareciera que el apestoso negocio de las vacunas Sputnik o el libramiento de Chimaltenango, por citar dos de los actos de corrupción más evidentes y deleznables de este gobierno y del que lo precedió, pasaron al olvido colectivo.

Obviamente, tampoco existen propuestas para erradicar la desnutrición crónica infantil de raíz, para mejorar los servicios de salud pública, desde la atención primaria hasta la atención en hospitales, incluyendo compras sobrevaloradas de medicinas a financistas. Tampoco existen propuestas para mejorar la educación pública, tanto en cobertura como en currículo académico y mejora en la atención a los estudiantes, para que así se pueda evitar la deserción escolar y además mejorar las calificaciones promedio.

Los candidatos tampoco abordan de qué forma van a mejorar la infraestructura estratégica: caminos, carreteras, puertos y aeropuertos, para interconectar las áreas productivas (agrícolas e industriales) y turísticas del país con las ciudades y con las principales vías de acceso o salida del país, es decir, puertos y aeropuertos.

Hacer un listado de buenas intenciones no es un plan de gobierno. Se requerirán consensos tanto en el legislativo como a nivel de municipalidades, todo ello sin que se privilegie el tráfico de influencias y la corrupción.

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