La derecha oligárquica que gobierna nuestros países desde la época de la colonia ha vuelto a hacer de las suyas, esta vez en Colombia, cuando aun el presidente Petro no cumple todavía el año de haber asumido el gobierno. Pero esta vez se trata de un intento de “golpe blando” como le llamó el mismo presidente colombiano en una movilización popular en las calles de Bogotá para hacer frente a la intentona. Pero decimos que esto forma parte de los vasos comunicantes que existen entre los grupos gobernantes latinoamericanos porque es claro que, desde que por presiones internacionales estas oligarquías optaron por abandonar la política de violaciones a los derechos humanos y asesinatos políticos para enfrentar a los sectores populares (o a movimientos insurgentes) que fueron moneda común en los años 70 y 80 del siglo pasado pasaron a utilizar una política que ha venido siendo llamada de “guerra legal” (lawfare) que se ha puesto en marcha en muchos países: en Brasil contra Dilma Rouseff (a quien destituyeron del cargo) y contra el propio presidente Lula a quien encerraron en prisión para impedirle participar en las elecciones que ganó Bolsonaro.
En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner ha tenido que enfrentar múltiples procesos. En Perú, en donde el Congreso preparaba la destitución (“vacancia” la llaman allá) del presidente Pedro Castillo, quien quiso adelantarse a la maniobra disolviendo el Congreso, pero fue a dar con sus huesos a prisión por falta de sustento legal. En Ecuador contra Rafael Correa, quien no puede regresar al país por las demandas entabladas en su contra, pero también – insólito – contra el banquero de derecha Guillermo Lasso, a quien su propia medicina le disgustó tanto que tuvo que disolver el Congreso convocando a nuevas elecciones. En Nicaragua, Daniel Ortega ha encarcelado a todos sus opositores con argumentos legales deleznables y hace poco los expulsó del país a un buen número de ellos, sindicándolos de “traición a la patria” con base en una legislación ad hoc aprobada por un Congreso abyecto. En Guatemala la guerra legal se ha utilizado contra Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval y una multitud de operadores de justicia honestos incómodos para el régimen, así como para impedir la participación de candidatos como Thelma Cabrera, Jordán Rodas, Roberto Arzú, Aldo Dávila, Solórzano Foppa etc. y, por el contrario, periodistas críticos del régimen como José Rubén Zamora. Claro, siempre se puede decir que es mejor tener a los opositores en la cárcel o en el exilio que desaparecidos o ejecutados extrajudicialmente, o sea que algo hemos progresado si queremos ver el lado claro en lugar del obscuro.
Los analistas de La Base en España hicieron hace poco un programa explicando el intento de “golpe blando” que la extrema derecha colombiana ha montado recientemente contra el presidente Gustavo Petro. Todo comenzó con la destitución de Armando Benedetti, embajador en Venezuela, y de la propia jefe de Gabinete del presidente, Laura Sarabia. Benedetti llevó la denuncia de escuchas telefónicas ilegales y otras acusaciones que fueron publicadas por la derechista revista “La Semana”, muy influyente en Colombia. Un complot cuya única base real es el proceso de reformas sociales y en el sistema de salud encaminado en un Congreso en el cual el Pacto Histórico carece de mayoría y en donde, para ajuste de penas hace poco se desbarató la coalición que Petro había logrado construir para aprobar algunas de sus reformas más importantes, como la reforma tributaria, la reforma agraria y sus políticas para proteger la Amazonía de la depredación del narcotráfico.
Sin embargo, además de las movilizaciones populares en Colombia, Petro ha logrado obtener el apoyo de numerosas personalidades del mundo internacional. Según informa el conocido diario español El País, 370 intelectuales, políticos, artistas y dirigentes sindicales – desde Francia, Canadá, Estados Unidos hasta Argentina o Senegal – han firmado una carta de apoyo en la cual afirman que el “golpe blando” está en marcha. Suscriben la misiva, entre otros, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, el jurista español Baltasar Garzón, el líder laborista británico Jeremy Corbyn y el excandidato presidencial francés Jean-Luc Mélenchon. Los firmantes consideran que los poderes tradicionales “se han estado organizando para restaurar un orden marcado por la desigualdad extrema, la destrucción del medio ambiente y la violencia patrocinada por el Estado”. Y hablan con nombres propios pues señalan a la Procuraduría, con Margarita Cabello al frente, así como a la Fiscalía, a cargo de Francisco Barbosa (ambos nombrados por el gobierno anterior, del derechista Iván Duque) de perseguir “activamente a los representantes del Pacto Histórico”.
A menos de un año de la toma de posesión del gobierno de Petro, “están desplegando el poder institucional combinado de los organismos reguladores, los conglomerados mediáticos y la rama judicial del país para detener sus reformas, intimidar a sus partidarios, derrocar a sus dirigentes y difamar su imagen en la escena internacional”, señala la carta, también firmada por el expresidente colombiano Ernesto Samper, el ecuatoriano Rafael Correa y el español José Luis Rodríguez Zapatero.
Varios congresistas del Pacto Histórico, el partido del presidente Petro, están siendo investigados por la Procuraduría. El documento menciona a Alex Flórez, Alexander López, David Racero, Susana Gómez, mejor conocida como Susana Boreal, y a María José Pizarro, una de las negociadoras del Gobierno con el ELN, haciendo énfasis en el caso del senador Wilson Arias, contra quien se abrió un proceso por lo que la Carta de Apoyo llama el “delito” de estar “en contra la violencia policial durante las protestas nacionales de 2021″.
Para los firmantes —entre los que también destacan el conocido lingüista y científico norteamericano activista Noam Chomsky al igual que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau—, las acciones de la procuradora, a quien califican como una “estrecha aliada del expresidente Álvaro Uribe, que fue ministra de Justicia bajo el anterior gobierno de Iván Duque”, constituyen una “violación flagrante del precedente legal establecido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que impide a los órganos administrativos como la Procuraduría General destituir a funcionarios electos”, que es algo que le ocurrió al propio presidente Petro cuando fue destituido de la alcaldía de Bogotá utilizando tales procedimientos violatorios de los derechos políticos, aunque fue restituido en ellos por la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Dichos procesos “pueden resultar en la suspensión, destitución e inhabilitación de congresistas”, indica el texto, y dificultan que las reformas de salud, laboral y pensional que busca adelantar Petro en el Congreso puedan llegar a buen puerto. “El objetivo de esta campaña coordinada es claro: proteger los intereses de los poderes tradicionales de Colombia frente a las reformas populares que aumentarían los salarios, mejorarían la salud, protegerían el medio ambiente y proporcionarían ‘paz total’ al país”.
La crisis política comenzó en mayo cuando el Consejo de Estado decidió anular la elección como senador de Roy Barreras, uno de los hombres clave del presidente para sacar adelante sus reformas en el Congreso, según la noticia de El País, siendo evidente que tanto la fiscal como la procuradora general que se estaban comportando como actoras en esta guerra legal contra el gobierno y sus aliados, que es lo mismo que se dice en la Carta de Apoyo. La bancada parlamentaria del Pacto Histórico ya ha pedido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su intervención en este caso que, además, pone en riesgo preceptos de la Carta Democrática Interamericana aprobada en Lima en el 2001.
