Emilio Matta Saravia
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Esta semana, el Gobierno de Nicaragua, por medio de la Ministra de Gobernación, procedió a cancelar la personería jurídica del Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), al igual que a 17 cámaras y asociaciones empresariales nicaragüenses, clausurándolas así, por decreto. Cabe recordar que la mayoría de estas entidades fueron, en un inicio, aliadas del régimen.
Considero que es sumamente importante vernos en el espejo de Nicaragua. Guatemala se encuentra en una situación similar a la que tenía el vecino país hace poco más de una década, cuando tenían un importante flujo de inversión extranjera y la economía crecía a un ritmo atractivo. El gobierno, sin embargo, iba tomando poco a poco las distintas instituciones del país: los poderes Legislativo y Judicial, las autoridades electorales y el Ministerio Público. Todos los organismos que de una u otra forma podrían ser un contrapeso del régimen. Con ello se aseguraron el poder absoluto en el país.
Guatemala lleva un desfase de dos lustros con lo que acontece en la tierra de Rubén Darío. Desde el gobierno de Morales y siguiendo con el de Giammattei, se han hecho un sinnúmero de esfuerzos para hacerse con el control total de todas las instituciones del país: el Congreso y la CSJ, la Corte de Constitucionalidad, el MP, el TSE, la USAC, el Colegio de Abogados, la Contraloría General de Cuentas, los distintos sindicatos del Estado, la Procuraduría de los Derechos Humanos y unas 200 municipalidades, obteniendo para sí un control absoluto del aparato estatal. Este control se garantiza por medio de las asignaciones contenidas en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación. Un botín de más de 100 mil millones de quetzales anuales que, dadivoso, el gobernante y su camarilla, otorgan a quienes mejor les sirven.
Quien crea que se puede controlar a quienes detentan semejante poder, seguramente padece de ablepsia. Esta es una dictadura con varias cabezas, es decir, no existe un rostro visible que tiene el poder real. Coexisten, por tener intereses en común, varias estructuras de corrupción que controlan el Erario (tienen poder de decisión sobre el presupuesto), y, por ende, sobre todas las asignaciones presupuestarias, que son las que se utilizan para la compra de favores políticos y de “alianzas”. Estas estructuras de corrupción se venden al mejor postor, es decir, no reconocen lealtades, por lo que quien más ofrezca, obtendrá sus servicios. Lo anterior da origen a un enorme riesgo, que es la posibilidad real de que el narco pueda llegar a colocar, sin dificultad alguna, a un presidente de cualquiera de los tres poderes del Estado, aumentando el riesgo de que el país se convierta en un narco Estado declarado.
Con este nivel de control, quienes detenten el poder y controlen las instituciones, podrán convertir las “alianzas” actuales en sumisiones y, sobre todo, podrán ejercer presión para acusar, enjuiciar, encarcelar, hacer leyes a la medida y, sobre todo, tomar el mando del país.
Al ver hoy a Nicaragua, estamos viendo el futuro de Guatemala.
