Lo ocurrido en aldea Xecoco de Nebaj, Quiché el pasado jueves 30 de julio, corrió por las redes y noticieros, la señora adulta mayor Juana Santiago Chel de 72 Años, a través de un operativo policial fue desalojada de su vivienda.
Existen dos versiones, pero ninguna justifica la manera en que se procedió. Una señala a su hijo Pedro López Santiago de 55 años , de engañarla para firmar el traslado y convertirse en propietario de la vivienda de su madre, heredada de sus padres.
Lo que pasó luego tiene tintes de novela, o serie de Netflix, el hijo malvado, se presume, se presentó a un juzgado a solicitar el desahucio de la señora, su madre, que ocupaba la que ahora es su vivienda, según indican documentos que presentó y los cuales están firmados por esa misma mujer que le dio la vida, lo cuido alimento y hoy ya adulta mayor, no vale nada para él.
Aunque nunca fue citada a declarar y el desalojo se llevó a cabo sin orden judicial, dicen los abogados, “ sino únicamente con una resolución de un juicio sumario de lanzamiento.
Y aquí viene la otra versión, que la orden judicial correspondería a otro terreno distinto al que habitaba Doña Juana, que pertenece a su hija. Sin embargo, “el juicio sumario que culminó en el desahucio se tramitó sin que Doña Juana ni su hija fueran debidamente citadas, y se sustentó en un acta administrativa y una resolución emitidas por abogados y notarios que laboran para la municipalidad” Lo que huele a huevo podrido.
La PNC informó que brindó apoyo y seguridad perimetral durante el cumplimiento de la orden judicial, en coordinación con el Ministerio Público, (Institución que declaró investigará el suceso), el juzgado correspondiente y con acompañamiento de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) lo que consideró un
Aunque el Ministro de Gobernación expresó: “En cumplimiento de la ley: La Policía Nacional Civil (PNC) actuó en ejecución estricta de una orden judicial firme. El abogado calificó lo ocurrido como un intento de manipular a los elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) para forzar el desalojo.
Pero, no fue un acto pacífico, fue con lujo de fuerza desde la percepción al estar presente un pelotón de entre 45 y 60 policías y antimotines, según dicen los vecinos del lugar, contra una anciana de 77 años dañando su integridad física y vulnerando su dignidad, Utilizando gases lacrimógenos, arrastrándola y cargándola hasta sacarla a la calle.
Si estaban presentes, los representantes de la PDH deben ser denunciados y si no ¿Dónde está el Procurador de los Derechos Humanos? Porque este es un caso emblemático que marca la ineficiencia, la inhumanidad y la falta de compromiso para con los adultos mayores.
Procopio Chavez comentó “Y que hizo la defensoría de la mujer y la PGN.”
Venancio Sequen, opinó: “ A la juez le tocaba orientar y asesorar al hijo porque a una madre no se le puede echar de una casa aún sea grave el conflicto pues primero orientar y hacer mediación. ”
Lo ocurrido después marca la visión de la población sobre la aplicación de injusticias sociales. No justifico la quema de la vivienda de la jueza, pero que sirva el caso para que en adelante antes de proceder de esa manera violenta y vil, la autoridad indague la realidad de los hechos.
Este no es el primer caso en que hijos mal agradecidos realizan este tipo de acciones, y las autoridades aceptan su palabra, desalojando a los padres, hermanos, abuelos y tías ancianas.
No hace mucho una mujer ciega exponía en redes sociales, que fue engañada por el esposo de la hija, cómplice de la acción, a firmar documentos, despojándola de sus bienes.
José Anibal Barahona Pineda, nos dice ”Un juez.. Con tres dedos de frente. Analizaría. Cómo es que un hijo pide desalojar a su madre de su propiedad. “
Y como dijo: Mynor IcCh “ antes de ordenar algo, (desalojo) la jueza tendría que investigar cómo está la situación.
Quizás se lleve más tiempo, más papeleo, pero ante situaciones a todas luces engañosas, que se pueden “olfatear” como esas ventas de propiedades de padres y otros familiares a un familiar, es necesario investigar, con el presunto vendedor, el que en muchos casos como el actual ni siquiera están enterados hasta que les piden o los obligan a desalojar las viviendas,
“Hoy, su caso se ha convertido en un símbolo del dolor, a la vulnerabilidad de los adultos mayores y el llamado a que se esclarezcan los hechos y se haga justicia. ”
Diego Batres Alfaro nos dice: El bien jurídico tutelado por el Estado, es la vida de esa señora, en éste caso, tomando en cuenta su edad avanzada, su género su situación económica, y la vulnerabilidad que presenta, el Estado debe procurar auxilio en sus necesidades más inherentes mientras se ventila y dilucida su situación.
Muchos comentarios se han vertido en las redes algunos explicando casos similares de despojo de propiedades a ancianos.
La Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad contenida en el Decreto Número 80-96 del Congreso de la República, indica: Obligación familiar: Los familiares tienen la obligación legal de asistir, alimentar y proteger al adulto mayor, prohibiendo el abandono o maltrato.
Protección penal: El artículo 39 de la ley establece que los delitos de estafa, robo, hurto o despojo en contra del patrimonio de un anciano aumentan su pena en una tercera parte.
Las autoridades Ancestrales y el pueblo ya se pronunciaron en contra de lo ocurrido y convocaron a una manifestación para hoy.
Mientras los juzgados de y oficinas de justicia permanecieron cerradas ayer viernes
Esperando se haga justicia para doña Juana, envío una oración al cielo por mi abuela Ignacia Arévalo de González quien estaría cumpliendo años.
