¿Se está implantando en México una dictadura? Más aún, ¿esa dictadura está emergiendo al mismo tiempo que se observa una militarización? La respuesta positiva a ambas preguntas se las he escuchado o leído a voces representativas de la derecha, pero también a aquel sector de la izquierda que es crítico de la 4T. Las argumentaciones para hablar de “la deriva autoritaria” en México se sustentan en el planteamiento de que la reforma electoral y judicial que Andrés Manuel y sus partidarios están propugnando, lo que buscan es eliminar la división de poderes y la centralización del Estado. También el ataque a la libertad de expresión por las réplicas que se escuchan en las conferencias de prensa mañaneras. Como si la Suprema Corte de Justicia no fuera la trinchera de la derecha en México. Como si la mayor parte de los medios de comunicación, no se dedicaran libremente a atacar al gobierno y al presidente.
Un signo adicional de esa creciente dictadura, según los voceros de la derecha, es la voluntad política del propio López Obrador de terminar con los organismos autónomos y descentralizados y también con los fideicomisos que abundan en los intersticios del Estado. A la par de esos rasgos autoritarios inquietantes, siguen esgrimiendo los referidos voceros, el gobierno actual les ha dado un poder enorme a las fuerzas armadas al delegarles la responsabilidad en la ejecución de las obras públicas más importantes del sexenio, involucrarlos en tareas sanitarias, en el control de aeropuertos y aduanas y en la seguridad pública.
Desde la izquierda crítica a la 4T, he escuchado aseveraciones a veces asombrosas como la de que el programa Sembrando Vida que busca sembrar árboles maderables y frutales en un millón de hectáreas en el país, tiene un sentido contrainsurgente. También que los eventuales ataques y hostilizaciones a las comunidades zapatistas en Chiapas forman parte de un plan orquestado desde el gobierno federal.
Ninguna sociedad está exenta del riesgo de una evolución autoritaria. México no es la excepción. Pero México es de los muy pocos países en América Latina que no tiene en su historia y cultura política, la de haber instaurado un Estado cuyo eje vertebral fueran las fuerzas armadas, es decir una dictadura militar. Tampoco el Estado mexicano fue uno articulado en torno al terrorismo de Estado, aun cuando en algunas regiones y momentos ese terrorismo de Estado fuera ferozmente practicado. En México no hubo una dictadura militar, lo que hubo fue un régimen autoritario de partido de Estado.
La primera condición para la existencia de un régimen autoritario de partido de Estado es que exista un partido hegemónico. Es decir, un partido que por las buenas o por las malas, consiga un enorme caudal de votos que le asegure triunfos electorales a nivel nacional, estadual y municipal. Que se convierta en una fuerza mayoritaria en el poder legislativo. Pero existen otras condiciones indispensables: que el poder judicial sea obsecuente con el poder presidencialista; que haya fronteras difusas entre la alta burocracia estatal y la partidista; que las organizaciones sociales sean corporativizadas y se vuelvan tentáculos estatales en la sociedad civil.
No cabe duda de que en México con Morena está surgiendo un partido hegemónico y que muy probablemente mantenga esa hegemonía durante doce años, acaso más. ¿Ese partido hegemónico se está convirtiendo en la pieza clave de un nuevo régimen autoritario de partido? Hay varias condiciones que se deben cumplir para que ello no suceda. Una de ellas es la manera en que se decide quien será el relevo presidencial una vez terminado el sexenio.
El autoritarismo de partido del PRI delegaba la sucesión presidencial en el criterio final del presidente en turno (el “dedazo”). El domingo 11 de junio el Consejo Nacional de Morena aprobó un acuerdo que suprime el dedazo y lo sustituye por una encuesta a la que se habrán de someter la/os aspirantes. Quien gane esa encuesta más que probablemente será el/la próxima presidente de México. La 4T también sustituye la actuación oculta y vergonzante de los aspirantes (el “tapadismo”) por la participación abierta de todo/as lo/as que de manera sostenida y con viabilidad expresen aspiraciones presidenciales.
El régimen autoritario de partido hacía del fraude electoral y del acarreo de votantes por las maquinarias estatales, una parte importante de los espurios triunfos electivos que lograba. No ha sucedido esto en los procesos electorales acontecidos en este sexenio. En el pasado proceso de junio de 2023 en el Estado de México, el temor a una elección de Estado lo generó el PRI gobernante en esa entidad y no Morena como partido gobernante a nivel nacional. Y en Coahuila, Morena perdió estrepitosamente por su división interna y porque allí el gobernante PRI aplicó toda su perversa sabiduría electoral. Tampoco se observa un férreo control del Poder Ejecutivo con respecto a los poderes Judicial y Legislativo.
Existe una condición que crea el riesgo de que un partido hegemónico termine instaurando un régimen autoritario de partido de Estado. Esa condición es que el partido hegemónico se convierta en un partido de Estado. Por tal entendemos un partido cuya dirigencia se confunde con la alta burocracia de Estado o con representantes populares de alto nivel. La inexistencia de una distancia entre el partido hegemónico y el Estado, la ausencia de los movimientos sociales y sus representantes en el seno del partido, su desvinculación con las movilizaciones reivindicativas de la sociedad civil, todo ello origina el tránsito del partido movimiento hacia el partido de Estado. Preocupa que en el último Consejo Nacional de Morena los gobernadores de las entidades gobernadas por Morena hayan sido las estrellas del evento.
La observancia de los principios de democracia interna y la lucha por una democracia desde abajo son importantes en todo partido que está a la izquierda del espectro político. Pero se vuelven todavía más importantes si ese partido está en el gobierno y tiene carácter hegemónico. Me parece que estos son los desafíos democráticos en el México que tenemos por delante.
