Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

post author

Recientemente escuché una entrevista con el Presidente electo, Bernardo Arévalo, sobre la capacidad que tendrá el ejecutivo para gobernar en un contexto institucional que le es adverso. Al respecto el afirmó que en Guatemala se está construyendo una nueva lógica de gobernabilidad, la cual modificaría positivamente la capacidad del nuevo gobierno de poder implementar su propuesta programática.

Esas declaraciones son optimistas y me parece que tienen sustento. Este optimismo se basa en las apreciaciones sobre la gobernabilidad y la gobernanza que tiene el nuevo gobierno. O sea que se refiere tanto el proceso de implementación de las políticas públicas necesarias para impulsar su plataforma programática, como a los procesos de formulación de éstas y de sus programas.

Con relación a lo primero, Bernardo Arévalo ya ejerce un liderazgo nacional, tan inesperado como sorprendente y afortunado, el cual no puede ser ignorado por quienes integran la institucionalidad cooptada.  Pero también hay una nueva correlación de fuerzas políticas, tanto nacionales como internacionales, que seguramente impactará en ellos.  Ya el oportuno viraje que hizo el Tribunal Supremo Electoral es una prueba de esta readecuación. Ahora, los máximos entes judiciales, es decir, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, tienen la oportunidad de abandonar el barco pirata de la corrupción y la impunidad que está naufragando. Especialmente la segunda, ya que su naturaleza es eminentemente política y su mandato de proteger la Constitución le permitiría disparar el último torpedo para terminar de hundir ese barco pirata.

Con relación a lo segundo, es decir la gobernanza, en términos de los niveles de consenso que se construyan alrededor de las políticas pública y los programas que las concreten, ella resulta trascendental y, en gran medida, sustenta el anterior criterio de la gobernabilidad, ya que le da legitimidad al ejercicio del poder gubernamental.

O sea que, una institucionalidad cooptada que tiene la opción, tardía, pero a tiempo, de reivindicarse, puede transitar en esa dirección, empujada por la correlación de fuerzas sociales y políticas nacionales e internacionales que se ha formado.  Y sí, paralelamente a la concreción de esa posibilidad, el gobierno encabezado por Bernardo Arévalo tiene la capacidad de darle sustento y apoyo social a sus políticas y programas, aprovechando el liderazgo nacional que ahora ostenta, tendríamos “alineadas las estrellas” para que el optimismo que expresó el presidente electo al cual me he referido al principio de esta columna, efectivamente se haga realidad.

Por todo lo anteriormente referido, el momento político actual resulta trascendental. Con el amparo interpuesto contra la punta de lanza de la impunidad, Consuelo Porras, y los puñales que la asisten, tanto en el MP como en el Organismo Judicial, las más altas cortes tienen la brecha abierta para abandonar el camino fangoso en el cual han estado metidas desde los tiempos en que la “convergencia perversa” hegemonizaba, entonces presidida por el “arrepentido” Alejandro Giammattei.

Pero, en todo caso, no hay que olvidar que, sin movilización social, todo lo que se avance estará pegado con chicle.

Artículo anteriorMinisterio Público antidemocrático, corrupto y mentiroso
Artículo siguienteDemocracia o Barbarie: ¿al borde del Estado fallido?