Víctor Ferrigno F.

Jurista, analista político y periodista de opinión desde 1978, en Guatemala, El Salvador y México. Experiencia académica en las universidades Rafael Landívar y San Carlos de Guatemala; Universidad de El Salvador; Universidad Nacional Autónoma de México; Pontificia Universidad Católica del Perú; y Universidad de Utrecht, Países Bajos. Ensayista, traductor y editor. Especialista en Etno-desarrollo, Derecho Indígena y Litigio Estratégico. Experiencia laboral como funcionario de la ONU, consultor de organismos internacionales y nacionales, asesor de Pueblos Indígenas y organizaciones sociales, carpintero y agro-ecólogo. Apasionado por la vida, sobreviviente del conflicto armado, luchador por una Guatemala plurinacional, con justicia, democracia y equidad.

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Cada día, el Golpe de Estado técnico que impulsa el pacto de corruptos tiene menos viabilidad, en los ámbitos nacional e internacional. Su principal instrumento legal, el Ministerio Público (MP), ha sido descalificado en todos los foros, dentro fuera del país, por sus actuaciones ilegales, arbitrarias y fraudulentas. El gobierno estadounidense calificó a Consuelo Porras y a Rafael Curruchiche de actores antidemocráticos y corruptos, y el Secretario General de la OEA recién los acusó de mentirosos. 

Ayer, lunes 18 de septiembre, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entrego al Consejo Permanente de ese organismo un informe de su última visita a Guatemala, resaltando las acciones que el MP, el Juzgado Séptimo Penal A y entidades políticas realizan para “romper la institucionalidad y la Constitución del país”, destacando que son actores que tienen el poder para hacerlo.

En su informe, Almagro señaló que durante la reunión que sostuvo con las autoridades del MP, en la cual participó Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), le presentaron “posiciones que están alejadas de la verdad, especialmente aquellas que hablan de intimidación”. Almagro aludió que la FECI no posee competencia en temas electorales, por lo cual no se le debe dar la autoridad para que “rompa la institucionalidad y la Constitución del país”.

Además, en la primera reunión del 78° Período de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el presidente de Brasil denunció que «En Guatemala existe el riesgo de un golpe de Estado, que impediría la investidura del ganador de las elecciones democráticas». El mandatario de la mayor economía de América Latina sostuvo que «es perturbador que viejas disputas persisten y que emergen nuevas amenazas que gana fuerzas», por lo cual aseguró: «los conflictos son una ofensa a la razón humana, promover una cultura de paz es un deber para todos nosotros y construirla es deber de todos nosotros».

En la Asamblea General de la ONU estuvo presente Alejandro Giammattei, quien en su discurso tomó distancia del actuar del fiscal Curruchiche, alegando independencia de poderes, obviando que fue él quien impuso fraudulentamente a Consuelo Porras en el MP.

Si no fuera suficiente, el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, expresó el pasado domingo que el gobierno de Joe Biden está dispuesto a sancionar a personas o instituciones que buscan frenar la transición presidencial en Guatemala. Este anunció preocupó a varios líderes empresariales, pues saben que las sanciones de la potencia del norte afectarían al conjunto de la economía guatemalteca.

En el ámbito nacional, el aislamiento del pacto de corruptos es creciente y generalizado. Sin excepción, todas las cámaras empresariales han demandado respeto a los resultados electorales y al régimen de Derecho, al igual que la Iglesia Católica, las organizaciones sociales, de Pueblos indígenas y de mujeres, sumado a la postura de la academia, de artistas y de la ciudadanía. 

La mejor muestra de apoyo ciudadano al binomio electo fue el masivo acompañamiento social bridado, el pasado lunes, a la presentación de un amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), mediante el cual demandaron que se dejen sin efecto la persecución política y las ilegalidades cometidas por el MP contra el Movimiento Semilla. Posteriormente, en un mitin multitudinario, Bernardo Arévalo demandó la renuncia de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche, Cinthia Monterroso, y el juez Nery Orellana, principales actores políticos del pacto de corruptos en el ámbito legal. En el acto, el binomio electo recibió el apoyo resuelto del Cardenal Ramazzini, y de miles de ciudadanos que luchan por la democracia, y no solo por un partido político.

En esta confrontación entre las huestes de la corrupción y las fuerzas de la probidad, hay que identificar claramente la línea de mando de la alianza criminal; la Fiscal General no se manda sola, la mano perversa que mueve la cuna es la de Alejandro Giammattei, que asume el papel del político bueno, y le deja a Porras el de la funcionaria mala. 

Ojalá la sangre no llegue al río, pero cuando la población tenga claro cómo se mueven las fuerzas criminales, el pacto de corruptos tendrá los días contados. Hay que recordar la máxima de Voltaire, el insigne pensador de la Ilustración: “Los pueblos a quienes no se hace justicia se la toman por sí mismos, más tarde o más pronto”. 

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