Adrian Zapata

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Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

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Por: Adrián Zapata

Como es sabido, el pasado 15 de noviembre supuestamente se realizaría una gran movilización social en Cuba en contra del régimen, que había sido convocada por Archipiélago, una plataforma de internet, cuya figura relevante es Yunior García, a la cual se le llamó 15N. Los organizadores solicitaron la autorización para la marcha, pero la misma fue negada por las autoridades. El socialismo en Cuba es un postulado constitucionalmente definido como “irrevocable”. Pretender cambiarlo, además confabulando con actores externos, es una afrenta a la Constitución a la que el Estado debe responder protegiéndola.

Esta convocatoria 15N tuvo como antecedente la movilización que se produjo en julio pasado, donde algunos cientos de cubanos expresaron su inconformidad por las adversas condiciones que les está tocando vivir y que se expresan en las limitaciones de acceso a bienes y servicios que enfrenta la población.

Los medios de información internacionales crearon enormes expectativas sobre esta iniciativa y se volcaron a cubrirla, esperando que efectivamente se produjera, lo cual no ocurrió.

Bruno Rodríguez, canciller cubano, en entrevista concedida a Associated Press el pasado 17 de noviembre, dijo: “Da la impresión de que Cuba es el único país del mundo en que una protesta que no existió se convierte en una noticia internacional”. Señaló también que “… fue una operación político comunicacional organizada y financiada desde el gobierno de los Estados Unidos con fondos millonarios y la utilización de agentes internos que fue un absoluto fracaso”.  Y es que, en los 50 días previos a esta operación, hubo 185 pronunciamientos de funcionarios estadounidenses “en apoyo a las protestas y a Archipiélago”.

La férrea voluntad de los Estados Unidos de promover el derrocamiento del gobierno cubano y del modelo socialista allí imperante ha sido una constante por más de 60 años, cuya expresión más dramática es la permanencia del bloqueo contra la isla, a pesar que ha sido condenado por casi todos los países del mundo en el seno de la ONU.

Requiere mucha ignorancia, o cínica ceguera, descartar la vinculación de ese país con esta iniciativa 15N, particularmente de los actores cubano/norteamericanos que históricamente han recurrido hasta al terrorismo para intentar derrocar la revolución. Eso el pueblo cubano lo sabe y existe una gran sensibilidad al respecto, lo cual fue adecuadamente aprovechado por el gobierno para deslegitimar la iniciativa.

Pero, además, los cubanos que se identifican con su revolución, a pesar de que muchos tienen críticas al respecto, se movilizaron para neutralizar esta convocatoria. El movimiento de los “pañuelos rojos” es expresión de esta reacción de defensa de la revolución.

El fracaso del 15N es una nueva derrota para la política intervencionista de los Estados Unidos en relación con Cuba y de los corifeos europeos que la acompañan, así como de los sueños reaccionarios de las derechas latinoamericanas.

Pero este fracaso no puede invisibilizar la necesidad de impulsar la reforma económica acordada por los cubanos y expresada en su Constitución recientemente aprobada (reformas que no son anti socialistas), así como en la necesidad contemporánea de avanzar en la construcción de la República socialista. El atraso en el impulso de esta reforma vulnera la viabilidad del régimen y prolonga las limitaciones que sufre el pueblo cubano.

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