Adrian Zapata

zapata.guatemala@gmail.com

Profesor Titular de la USAC, retirado, Abogado y Notario, Maestro en Polìticas Pùblicas y Doctor en Ciencias Sociales. Consultor internacional en temas de tierras y desarrollo rural. Ha publicado libros y artículos relacionados con el desarrollo rural y con el proceso de paz. Fue militante revolucionario y miembro de organizaciones de sociedad civil que promueven la concertación nacional. Es actualmente columnista de el diario La Hora.

post author

Por: Adrián Zapata

Ante el agotamiento del ciclo neoliberal, el sistema se recompone para lograr su continuidad, que es la correspondiente al capitalismo como modo de producción hegemónico. Los temas del crecimiento económico inclusivo, la igualdad y la sostenibilidad ambiental deberían ser cruciales en esta recomposición sistémica. A pesar de ser insuficiente, no será fácil transitar en esa deseable dirección. Quienes se han beneficiado del ciclo que se cierra sin duda se resistirán (clases medias privilegiadas o torpemente confundidas, oligarquías criollas retrógradas y capital transnacional del más voraz, por ejemplo).

Esa recomposición pasa, necesariamente, por la dimensión política, específicamente por el rol del Estado tanto en la economía, a niveles nacional, regional y mundial, como, en general, en el desarrollo social. De allí que mucha de la discusión prevaleciente es la supuesta contradicción entre salidas “democráticas” o “autoritarias”. A estas últimas se le agrega el calificativo de “populistas”, relacionándolas con el caudillismo y se les atribuye la limitación de las libertades individuales y la anulación de la institucionalidad democrática.

La contradicción referida, a mi juicio, señala fenómenos que realmente están sucediendo, pero que trascienden esa maniquea e interesada interpretación. Lo que está realmente en juego es, de nuevo, el rol del Estado, tan disminuido y vilipendiado por el neoliberalismo.

Al gran capital transnacional le sigue interesando la prevalencia del mercado sobre el rol del Estado o, mejor dicho, que éste siga siendo “el poderoso garfio del mercado”, como ya alguien ha afirmado. Sin embargo, ese capital al menos empieza a aceptar la necesidad de matizar la preponderancia del mercado para que no debilite la gobernabilidad que se afecta con la desigualdad pronunciada y para que no termine anulando la viabilidad del planeta debido a su irracional explotación. Pero sigue interesado en que la dinámica económica mundial responda a la apertura de los mercados que requiere el capital transnacional y no se vea limitada sustancialmente por el rol de los Estados. Para ello, no son funcionales Estados fuertes. Quienes se identifican con esa visión tienden a señalar de autoritarismo cualquier intención política que apunte al fortalecimiento estatal hasta el punto que sea un obstáculo para la reproducción ampliada del capital transnacional y la apropiación de recursos estratégicos (energía, agua, minerales, etc.).

Me parece que esa es la esencia de la contradicción. Esta afirmación no niega que efectivamente pueda haber gobiernos y gobernantes autoritarios cuyo interés es básicamente garantizar su continuidad indefinida en el poder para satisfacer intereses particulares. El caso de Daniel Ortega es típico de esta desviación.

Por eso, NO hay que caer en la trampa de restringir la discusión política a la simplona contradicción entre democracia y autoritarismo. Mientras las inmensas mayorías del mundo no puedan tener educación, salud, vivienda, empleo, etc., no habrá libertad individual, ni verdadera democracia. Es mentira que se pueda ser individualmente libre cuando se es pobre y excluido.

Desarrollo y democracia deben ser dos caras de la misma moneda. Y no es posible el primero sin un Estado fuerte que se ponga al centro de ese proceso y sin una política que supere la representatividad formal y fortalezca la participación ciudadana en el ejercicio del poder político.

Artículo anteriorAtrapados entre la alta desigualdad y el bajo crecimiento
Artículo siguienteCombate a la corrupción como “interés de seguridad nacional” de EE. UU.: ¿Qué implica?