De acuerdo con los indicadores de la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senacyt) y el informe GO-SPIN de la UNESCO, Guatemala invierte históricamente cerca del 0.03% de su Producto Interno Bruto (PIB) en Investigación y Desarrollo. Este indicador se encuentra entre los más bajos de América Latina (25 veces menos que el promedio regional). Al desglosar ese exiguo 0.03%, los datos oficiales muestran que el gasto en I+D está sostenido casi en su totalidad por el sector público y el sector académico (universidades). La inversión del sector productivo empresarial es tan baja que habitualmente queda diluida en los registros estadísticos nacionales o no se reporta bajo metodologías estandarizadas.
Podemos entonces hablar de una invisible participación privada, de ausencia de científicos en la industria. En economías desarrolladas, cerca del 50% de los investigadores nacionales trabajan dentro de las empresas. En Guatemala la inmensa mayoría se concentra en centros universitarios y dependencias estatales, mientras el sector privado se enfoca en la adaptación de capital humano y optimización operativa y no en patentes o desarrollo de nuevos materiales. En buena parte, la falta de incentivos fiscales claros para la investigación, la desconexión histórica entre las agendas universitarias y las necesidades del mercado, y un entorno de financiamiento limitado para las MiPYMEs, provocan que el sector corporativo guatemalteco perciba la inversión en investigación interna como un riesgo elevado en lugar de una ventaja competitiva. Ese diagnóstico de cifras frías, viene a ser la radiografía de un techo estructural que frena el potencial del país en lo económico, lo social y el desarrollo humano.
En lo económico, Guatemala se mantiene especializada en una economía de imitación y ensamblaje, en lugar de una economía del conocimiento lo cual significa una pérdida de competitividad internacional ya que al depender de la innovación por adquisición (comprar maquinaria y licencias extranjeras), las empresas guatemaltecas siempre están un paso atrás en la curva tecnológica. Se paga una renta tecnológica constante al exterior, lo que encarece la modernización y reduce los márgenes de ganancia. Esa situación se ve acompañada de una vulnerabilidad de las exportaciones cuya matriz se concentra en productos agrícolas o manufactura ligera de bajo valor agregado. Sin investigación local para mejorar procesos, crear nuevos materiales o desarrollar biotecnología, el país queda a merced de los precios internacionales de los commodities y de la competencia de países con mano de obra aún más barata. Dada la carencia de innovación, las MiPYMEs se ven a expuestas a una mortalidad prematura al estar inmersas dentro de un ecosistema sin transferencia tecnológica. Al no tener tecnologías diferenciadas ni patentes, sus productos son fácilmente replicables, lo que satura los mercados locales y condena a estos emprendimientos a una vida operativa muy corta.
Lo anterior se traduce en falta de I+D privada, impactando eso directamente en el tejido social y en la movilidad laboral, concentrándose la demanda en mano de obra demandada para puestos de baja calificación o en el sector servicios/BPO (call centers) enfocado en optimización operativa. Esto perpetúa salarios bajos y empleo informal. Y en otro plano, se produce la inevitable fuga de cerebros, haciendo que el Estado pierda la inversión en educación de todo tipo.
Finalmente, los acontecimientos de arriba, afectan El Índice de Desarrollo Humano (IDH): salud, educación y nivel de vida. En consecuencia, somos un país que no genera conocimiento, más bien somos puramente consumidores y eso fragmenta en parte a nuestra sociedad en una pequeña élite corporativa que puede pagar licencias de software y automatización avanzada, frente a una inmensa mayoría atrapada en sectores agrícolas o informales de subsistencia, ensanchando la desigualdad.
Mientras el sector privado perciba la investigación como un gasto riesgoso y no como una inversión estratégica, y mientras el Estado no genere los incentivos fiscales adecuados (como créditos fiscales por inversión en I+D), Guatemala seguirá subsidiando el desarrollo tecnológico de otros países mediante la compra de sus patentes, a la par de que su capital humano permanece subutilizado.
