
Un total de ocho inmigrantes indocumentados fueron acusados en Estados Unidos por presuntamente utilizar números de Seguro Social robados para obtener empleo en un negocio de suministro de ventanas en Kentucky.
Según informó el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE, por sus siglas en inglés), entre los señalados figuran cuatro ciudadanos guatemaltecos.
De acuerdo con ICE, la investigación reveló un esquema de uso fraudulento de información personal que se habría mantenido durante varios años, específicamente entre junio de 2021 y agosto de 2025, como parte de un sistema para completar formularios de verificación laboral y acceder a empleos.
OPERATIVO CONTRA FRAUDE LABORAL
Según el ICE, durante el operativo fueron arrestados 13 inmigrantes indocumentados, mientras que ocho fueron formalmente acusados por el uso de números de Seguro Social pertenecientes a ciudadanos estadounidenses.
La agencia indicó que quienes no enfrentan cargos penales permanecen bajo custodia administrativa en espera de procesos de deportación.
ICE HSI and its federal partners arrested 13 illegal aliens during an operation that revealed fraudulent social security numbers in use at a window supply business in Paducah, Kentucky. pic.twitter.com/ltb1JPV59G
— Homeland Security Investigations (@HSI_HQ) June 18, 2026
LOS ACUSADOS
De acuerdo con la información del ICE, los ocho acusados son:
- Daniel Martínez Cruz, de 22 años, ciudadano mexicano
- Manuel Martínez García, de 32 años, ciudadano mexicano
- Julio Venture Hernández, de 29 años, ciudadano mexicano
- Ana Osorio Louzado, de 23 años, ciudadana española
- Juan Pastor González, de 36 años, ciudadano de Guatemala
- Ricardo López, de 23 años, ciudadano de Guatemala
- Joel Gómez, de 63 años, ciudadano de Guatemala
- Marcelina Juárez-Vicente, de 33 años, ciudadana de Guatemala

MODUS OPERANDI INVESTIGADO
ICE explicó que el esquema consistía en el uso de números de Seguro Social robados para completar formularios I-9, requisito del sistema laboral estadounidense para validar identidad y autorización de empleo.
Según la investigación del HSI Bowling Green, este mecanismo permitió la obtención de empleos de forma irregular, lo que derivó en empleo no autorizado y uso indebido de información personal.
De ser declarados culpables, los acusados podrían enfrentar hasta cinco años de prisión. La sentencia será determinada por un juez federal, tomando en cuenta las directrices legales correspondientes.







