POR KAREN QUINTANILLA
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Diversas organizaciones de la sociedad civil expresaron su preocupación tras la creación de un Comité Técnico, que depende de la Presidencia de la República, a cargo de Alejandro Giammattei, el cual busca la elaboración de una Política de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia.
Estas mostraron su preocupación ante la postura de la política que podría generarse en ese espacio y ser influenciada subjetivamente por credos, indicaron en un comunicado de prensa. Además, plantean una serie de temas que podrían abordarse en ese espacio con la participación de más sectores.
El pronunciamiento es respaldado por varias entidades, así como mujeres y hombres a nivel individual.
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PIDEN ABORDAR OTRAS PROBLEMÁTICAS
Las organizaciones indicaron que esperarían antes que se atendiera la problemática que enfrentan las niñas guatemaltecas ante el abuso sexual, que como consecuencia genera embarazos forzados debido a las violaciones sexuales.
Como segundo punto, consideran necesario un impulso y apoyo al Ministerio de Educación (MINEDUC), para fortalecer la Educación Integral en Sexualidad en las escuelas.
En el marco de la prevención de violencia sexual, recordaron que se firmó la Carta Prevenir con Educación 2021-2025, entre el Mineduc y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), por lo tanto, piden que estas coordinaciones sean implementadas.
Organizaciones se pronuncian ante la creación de la Política Pública de Protección a la Vida y la Institucionalidad de la Familia, exigiendo la detención de su elaboración y mencionando la necesidad de cumplir con las políticas públicas ya aprobadas. pic.twitter.com/QQ4fdXqB3h
— Diario La Hora (@lahoragt) March 17, 2021
Asimismo, reconocen la importancia que las familias en su diversidad tengan acceso a información laica y científica acerca de derechos sexuales y reproductivos, contar con servicios integrales de salud pública, acceso a justicia en casos de violación y crímenes de odio a ciudadanos por su orientación sexual.
En la misma línea, esperan que la elaboración de esta política sea basada en esfuerzos que busquen proteger la vida y la familia, donde participen representantes de las diversas expresiones ciudadanas, por ser un tema de interés público.
EXIGENCIAS POR PARTE DE LA SOCIEDAD CIVIL
Las organizaciones que acuerpan este pronunciamiento exigen al mandatario que detenga la creación de dicha política debido a que atenta contra las garantías del Estado Laico.
Además, solicitaron que vele por el cumplimiento de las políticas públicas ya existentes, como la Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y el Plan Nacional de Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.
Entre sus exigencias, también resaltó el cumplimiento de tratados y convenciones sobre derechos humanos que el Estado ha suscrito, como la Convención Americana, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención de Belém do Pará. Que centran sus esfuerzos en fortalecer los derechos de humanos.
Ante la situación de violencia actual, finalizaron solicitando agilizar el proceso para la implementación de la Política Pública de Reparación Digna y Transformadora para casos de Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Maternidad Forzada en Niñas y Adolescentes. Además de la Carta Prevenir con Educación 2021-2025, destacando que los derechos sexuales y reproductivos, también son derechos humanos.
