Por Denis Aguilar
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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ), el Comité Campesino del Altiplano (CCDA), el diputado Aldo Dávila y comunitarios interpusieron hoy una acción de amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) contra el estado de Sitio decretado en municipios de Izabal y Alta Verapaz.
Ramón Cadena, director de la CIJ para Centroamérica, habló con La Hora y aseguró que los comunitarios, provenientes de El Estor Izabal, decidieron accionar debido a que se siente atemorizados y afectados por “un estado de Sitio que no tienen ningún objeto imponerlo ahorita”.
“Nosotros hemos notado que este estado de Sitio pone en grave riesgo y peligro a las poblaciones de Izabal, por un lado, y por otro lado, todo estado de excepción está sujeto a tres principios básicos, el principio de estricta necesidad, o sea, que es necesario que haya una razón válida para poder restringir derechos”, dijo Cadena.
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Los otros principios a los que se refirió Cadena son el de proporcionalidad y el de legitimidad, los cuales se encuentran en el artículo cuarto del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
“O sea, que el presidente al emitir 13-2020 lo que hizo fue violar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es más, nosotros hemos comparado el acuerdo gubernativo 10-2020, que es el que establece el estado de Sirio en Nahualá y lo comparamos con el texto del acuerdo gubernativo 13-2020 y el texto es casi el mismo, o sea que el gobierno lo que hace es crear una crisis ficticia, diciendo que es el crimen organizado o que es el narcotráfico, que son las comunidades, crea una crisis ficticia para lograr lo que verdaderamente quieren, que es proteger a CGN Pronico”, dijo Cadena.
En tal sentido, Cadena señala que el presidente Giammattei no especificó la estricta necesidad del estado de Sitio, mediante una “crisis de mentira”, asegurando que pone en peligro a las comunidades limitando sus derechos, lo cual calificó como una situación grave.
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“Por esa razón nosotros concluimos que el presidente está haciendo un uso excesivo de la facultad de restringir derechos”, dijo Cadena, recordando los estados de excepción que el mandatario impuso en el inicio de su gestión.
Asimismo, Cadena dijo que Giammattei tampoco informó al Congreso, ni a la Organización de las Naciones Unidades (ONU), ni a la Organización de Estados Americanos (OEA), que de conformidad al Pacto de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, están obligados a hacerlo.
PARA CADENA, LA LEY DE ORDEN PÚBLICO ES OBSOLETA
Cadena indicó que la Ley de Orden Público es obsoleta en estos tiempos y que esa debió haber sido reformada desde que se firmaron los Acuerdo de Paz, asegurando que esta ley “es incompatible totalmente con el derecho internacional sobre derechos humanos”.
Además, señaló que debido al restricción de derecho humanos puede haber responsabilidad penal, asegurando que este paso lo harán valer ante el Ministerio Público, lo cual estará sujeto a lo que resuelva la CC ante el amparo que se interpuso.
