POR REDACCIÓN LA HORA
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El doctor en Derecho y exdecano de la facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, Eduardo Mayora, en una columna de opinión publicada en Prensa Libre, señala que, en relación con las acciones promovidas en contra de la Corte de Constitucionalidad (CC), basadas en la tesis de que cuatro de sus magistrados han incurrido en prevaricaciones y violaciones a la Constitución, ha sostenido públicamente que, con base en la Ley, no procede perseguirlos criminalmente por el mero contenido de sus opiniones vertidas en sus sentencias.
Mayora señala además, que, un buen número de esas sentencias de esta y de cortes anteriores han sido marcadamente antiliberales; es decir, contrarias a sus ideas. Sin embargo, afirmó que, una de sus más firmes convicciones es que la esencia de un Estado de derecho requiere del respeto a lo que resuelva ese tribunal que, de acuerdo con la Constitución, tiene la última palabra.
“Los fallos de la CC en materia de minería, de hidroeléctricas, de consultas populares, etc., han sido considerados por algunos como nocivos al desarrollo económico y político de Guatemala. En cuanto a eso, yo pienso que, ciertamente, cabían otras interpretaciones razonables y salidas menos dañinas para los inversores y la economía en general. Pero eso no conforma un delito de prevaricato ni uno de resoluciones contrarias a la Constitución”, enfatiza.
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Además, señala que, eso revela la primacía de un criterio de intervencionismo estatal, o cosas parecidas. Asimismo, destaca que, cuando se trata del tribunal de justicia con la última palabra, para denunciar un prevaricato sería necesario demostrar que, como motivo de la opinión vertida en la sentencia, se produjo algún elemento objetivo adicional, en donde refiere como ejemplo, un soborno, una promesa de recibir dádivas o favores”.
“Si un liberal llegara a la CC, seguramente daría más peso a la norma constitucional que protege la economía de mercado que a la que permite al Estado estimular la iniciativa en actividades agrícolas, pecuarias, industriales, etc. Consideraría más amplio el derecho de propiedad que la potestad tributaria del Estado, entendería el derecho a la industria y el comercio como preponderante sobre las facultades regulatorias del Estado. Y quizás algunos denunciarían: ¡prevaricato! Pero no sería más que una visión liberal del mundo, reflejada en sus interpretaciones de la Constitución”, argumenta Mayora.
Mayora refiere que, los norteamericanos demostraron al mundo qué significa eso. Durante la época del “New Deal”, la Suprema Corte de Justicia de los EE. UU. anuló, una tras otra, muchas de las leyes promovidas por el presidente Roosevelt (F.D.R). Asimismo, agrega que, contando con la mayoría suficiente en ambas cámaras, propuso una iniciativa de reforma constitucional llamada The Court Packing Bill.
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“La idea era aumentar el número de magistrados, de tal modo que los nuevos fueran nominados por F.D.R. y confirmados por el Senado, dominado por su partido. Así, conseguiría una mayoría en la Suprema Corte”, cita el columnista.
En ese sentido, señala que, cuando la iniciativa llegó al Senado, los propios senadores demócratas la rechazaron porque no importa cuán acertadas sean las políticas económicas del gobierno, es inconmensurablemente más importante para el futuro institucional de los EE. UU. que la Suprema Corte sea independiente.
La Comisión Permanente del Congreso denunció a magistrados de la CC “derivado de los delitos cometidos por los señores magistrados al auto ampararse”, mencionando específicamente prevaricato y obstaculización a la acción penal, violación a la Constitución, resoluciones violatorias a la Constitución y abuso de autoridad, informó en su momento el presidente del Congreso, Allan Rodríguez.
