POR REDACCIÓN LA HORA
lahora@lahora.com.gt
La Asociación Civil Diálogos emitió un análisis sobre la iniciativa 5692, propuesta por el Organismo Ejecutivo y que busca tipificar la actividad de pandillas como terroristas. La Asociación advierte sobre la criminalización, el encarcelamiento masivo y las consecuencias en un Sistema Penitenciario (SP) débil, que carece de condiciones para brindar una verdadera rehabilitación.
Carlos Mendoza, de Diálogos, explicó que no existen datos sobre la cantidad exacta de pandilleros del Barrio 18 y de la Mara Salvatrucha, ni cuántos están en prisión y en las calles, tampoco se sabe sobre su edad y evolución en otros delitos, por eso hay que obtener información para tomar decisiones de política pública.
“Tener información de cómo evolucionan, cuántos son y qué vínculos tienen, si es que los tienen con las pandillas de El Salvador, Honduras y Estados Unidos, es el primer paso, entender el fenómeno. Lo que vemos es que simplemente les quieren poner la etiqueta de terroristas y esa etiqueta la están –colocando– en función de la membresía, por el hecho de pertenecer a la pandilla. El hecho de pertenecer a un grupo no lo vuelve criminal en primera instancia, lo que lo hace criminal es si usted comete hechos criminales”, reiteró Mendoza.
El entrevistado detalló un artículo del análisis realizado por Diálogos, titulado “Aumento de Violencia y Fortalecimiento de las Pandillas: efectos (in) esperados de la iniciativa No. 5692”, donde expone que la propuesta del Organismo Ejecutivo crea un nuevo delito en el Código Penal guatemalteco denominado “terrorismo con fines de desorden social”.
“Artículo 391 bis, terrorismo con fines de desorden público social. Quien con el propósito de transgredir la paz social o el orden público del Estado, se organice, constituya o pertenezca a grupos criminales caracterizados por su territorialidad, alta criminalidad y simbología, ejecutare actos contra la vida, integridad, seguridad y bienes de las personas, dañe o se apropie injustamente de propiedad privada o pública, atente contra la salud pública o la seguridad ciudadana, realice acciones intimidatorias o de coacción en forma pública con finalidad patrimonial en contra de personas individuales y jurídicas, comercio o servicios públicos, será sancionado con prisión de seis a doce años inconmutables, sin perjuicio de las penas asignadas a los delitos cometidos”, refirió el análisis de Diálogos.
Mendoza agregó: “Ese artículo está redactado de tal manera, que podría ser aplicado a otros grupos que no son pandillas, si usted lee con detenimiento la iniciativa, en ningún momento dice que son pandillas o maras, sino dice que son grupos que se caracterizan por la territorialidad, por cometer delitos y porque usan señales propias para comunicarse, uno quiere pensar que se refieren a las pandillas, pero eso puede aplicarse a otros grupos o movimientos sociales por ejemplo, que urgen esta ley para criminalizar la pertenencia a un movimiento social, eso es otro tipo de implicación”.
ENCARCELAMIENTOS MASIVOS Y CONSECUENCIAS
El entrevistado dijo que visualizan que las acciones a emprender serán encarcelamientos masivos, pero se ha reflejado en otros países como Estados Unidos, Honduras y El Salvador, que esta disposición únicamente favorece el fortalecimiento de las pandillas.
El representante de Diálogos señaló que el encarcelamiento permitiría a las pandillas, reclutar a más personas y buscar mecanismos para obtener dinero para sobrevivir en las prisiones a través de extorsiones y sicariato.
“Nosotros vemos y por eso –escribimos sobre las consecuencias in (esperadas)–, es que posiblemente sacan a muchos pandilleros de la calle, pero eso no garantiza que los delitos disminuirán y el otro tema es el de la violencia homicida porque aquí debería haber primero un control de las prisiones para que no salgan órdenes de asesinatos, en todo caso si la lógica del Ejecutivo es aumentar penas para disuadir, primero tendrían que tener un verdadero control de las prisiones”, reiteró.
Según Mendoza, entre enero y febrero de 2018 se registró una disminución de homicidios y consultaron a las exautoridades del Ministerio de Gobernación, Francisco Rivas y Ricardo Guzmán, quienes explicaron que habían aislado a líderes de las pandillas que estaban encarcelados.
PANDILLAS EN CÁRCELES
De acuerdo con la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP), actualmente hay 25 mil 410 personas privadas de libertad en las 21 cárceles del país.
En la cárcel de El Boquerón, hay 550 miembros de la Mara Salvatrucha y 881 pandilleros del Barrio 18 en el Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 18 y en El Infiernito en Escuintla.
OPCIONES DE SALIDA DE PANDILLAS
El análisis de Diálogos también menciona la necesidad de ofrecer opciones de salida de las pandillas o maras, prevenir el reclutamiento de jóvenes y evitar el uso de encarcelamiento masivo de pandillas.
Mendoza indicó que aunque el presidente Alejandro Giammattei mencionó en su discurso del 14 de enero, algunas medidas de prevención, la propuesta no refleja la atención al origen del problema.
“Si lo dijo el Presidente en su discurso inaugural, cuando dice que demandará la ley y que hay que tratar las causas estructurales del problema; menciona el tema de la educación, la exclusión social y la prevención, pero eso no se refleja en la propuesta de ley, ahí solo se refleja una postura que se llama populismo punitivo, como es popular la medida de castigar a los pandilleros que efectivamente la gente está cansada y tiene miedo; no quiere a las pandillas porque les han causado mucho daño”, reiteró.
El profesional concluyó que el encarcelamiento masivo en otros países únicamente ha evidenciado que las pandillas que antes se peleaban, se unieran en las prisiones y llegaron al punto de prestarse sicarios para que cometieran delitos en diferentes territorios.
