Nery Rodenas, director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. FOTO LA HORA

Por Redacción La Hora
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El director de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), Nery Rodenas, expresó que, tras la resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) debe trasladar los fondos requeridos por la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y que, de lo contrario, el Ministerio Público (MP) deberá actuar.

El abogado manifestó que el trabajo que ha realizado Jordán Rodas al frente de la PDH ha sido “muy bueno” y que su labor ha sido de mucha denuncia y de realizar accionar jurídicas en contra de situaciones “ilegales”.

“Esto ha suscitado tener enemigos y tratar de debilitar el trabajo de la PDH, las personas que han negado fondos a la institución algún tipo de responsabilidad deberían de tener, porque no es posible que por acciones sin fundamento traten de debilitar el trabajo de una entidad tan importante para Guatemala”, agregó el profesional.

A criterio del entrevistado, la forma en que se ha tratado de debilitar a la Procuraduría es a través de la negación de fondos, de la obstaculización de su trabajo, una situación que según el profesional “no se había advertido antes en Guatemala”.

“No es posible que diputados o funcionarios públicos traten de obstaculizar el trabajo de una institución que ha funcionado bien, ellos no son quienes para estar juzgando de forma tan anómala, tan ilegal, ellos, más bien, su obligación es apoyar el buen funcionamiento de todas las instituciones del Estado y, máximo esta, que es una de carácter constitucional”, expuso Rodenas.

De igual manera, el entrevistado calificó de “negativo” que el Minfin esté tratando de hacer una interpretación de la ley, cuando lo que le corresponde es la ejecución de las decisiones tomadas por el órgano jurisdiccional correspondiente.

En esa línea, el director de la ODHAG explicó que la cartera de Finanzas que dirige Víctor Martínez tiene que cumplir con el traslado de fondos como lo establece la resolución de la CSJ, caso contrario caería en responsabilidad y se estaría a la espera que MP actúe.

“El Ministerio Público debe actuar y debe deducir responsabilidades cuando son hechos tan evidentes, debe certificarse lo conducente en contra de aquellos funcionarios que estén bloqueando o desobedeciendo una decisión de un órgano competente, frente a una petición que se ha formulado de forma legal”, puntualizó el abogado.

Según la resolución de un recurso legal interpuesto por Rodas, la máxima corte del Organismo Judicial (OJ) ordenó al Minfin que en un plazo de cinco días transfiriera a la Procuraduría Q30 millones, los cuales servirían para el pago de sueldos de los trabajadores de la entidad.

¿QUÉ PASA SI SE DESOBEDECE A LA CC?

En 2010, la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la destitución de Bienvenido Argueta, quien fue ministro de Educación, luego de que en su calidad de jefe de esa cartera se negara a acatar una resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El cese del cargo se debió a la diputada Nineth Montenegro solicitó que se le entregara un listado de los beneficiarios del programa Mi Familia Progresa, el cual fue implementado durante el gobierno de Álvaro Colom, sin embargo, Argueta no lo hizo.

Dicha situación podría replicarse si en este caso el actual jefe de la cartera de Finanzas no remite los fondos requeridos por Rodas e incumple la resolución dictada inicialmente por la CSJ y luego confirmada por la CC de que se debían trasladar los Q30 millones a la PDH.

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