Orellana: Consuelo Porras debe deducir responsabilidades por transgresión de Ley

POR EDER JUÁREZ/DENIS AGUILAR/CRISTIAN VELIX
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Abogados fueron consultados sobre los alcances que tendrá la Comisión anti CICIG creada en el Congreso por iniciativa de los diputados Álvaro Arzú y Felipe Alejos, entre otros más, a lo que indicaron que ante esta acción la fiscal general, Consuelo Porras, debe deducir responsabilidades y que el Congreso no puede realizar investigaciones de persecución penal o juzgamiento.

ORELLANA: PORRAS DEBE DEDUCIR RESPONSABILIDADES

El abogado constitucionalista Gabriel Orellana manifestó que, si se hiciera una comparación del antejuicio, la inmunidad de jurisdicción y la inmunidad administrativa, los diputados han sostenido que no se puede investigar a una persona previamente no se le levantó el antejuicio, entonces en este caso ni siquiera hablamos de antejuicio, aquí hablamos de inmunidad total.

“En otras palabras aquí no hay forma de investigar a lo que hizo en su tiempo la CICIG, porque sencillamente esto estaba fuera de la competencia de los Tribunales de Guatemala, por eso se llama inmunidad de jurisdicción”, indicó Orellana.

A criterio del abogado constitucionalista, para poder hacer que esa comisión creada en el Congreso realice algún tipo de investigación, el mecanismo sería como lo dice el Acuerdo constitutivo de la CICIG que esa inmunidad la debe levantar por escrito el Secretario General de la ONU, “en tanto no exista no puede ni el Presidente, ni el Congreso, ni un Tribunal de Guatemala ir en contra de ello, porque sería una violación de un tratado internacional”.

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De acuerdo con Orellana la fiscal general, Consuelo Porras, debe hacerle notar al Congreso de la República que esa “ridiculez” no le va a funcionar, lo que podría hacer es deducir responsabilidades contra esos diputados por abuso de poder.

“Porque ellos están incitando a la violación de un tratado internacional y de esa manera comprometiendo la responsabilidad internacional del Estado, la cual puede acarrear otras consecuencias en perjuicio de Guatemala”, refirió el abogado.

FUENTES DESTARAC: CONGRESO NO PUEDE INVESTIGAR

El abogado Mario Fuentes Destarac señaló que si bien el Congreso de la República puede crear comisiones que investiguen actuaciones de la administración púbica, no puede realizar evaluaciones o investigaciones referentes a las actuaciones de los organismos Judicial y el Ministerio Público (MP), que son instituciones independientes.

En el caso de la CICIG, que es un organismo internacional que surgió en Guatemala, considera que la Comisión anti CICIG sí puede investigar la administración, finanzas, el uso y aplicación de recursos, pero no puede interferir en asuntos que están bajo control jurisdiccional del Ministerio Público.

Al preguntarle si también pueden investigar a la FECI, como anunciaron ayer los diputados, Fuentes Destarac respondió: No, eso está claro, lo que es propiamente instituciones del Sector Justicia, todo lo que tiene que ver con investigaciones, persecución penal, juzgamiento, todo eso está reservado a los órganos jurisdiccionales, indicó.

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Al preguntar su opinión cuál debería ser la postura del MP ante la creación de esa Comisión, indicó que primero habrá que ver cuál es la metodología y procedimientos de implementación que adoptará dicha Comisión, porque ni siquiera eso se sabe.

Esperaríamos que esta Comisión, integrada por cinco diputados diera a conocer cuál será la metodología y procedimiento de implementación de esta investigación que se va a realizar, afirmó.

CUX: LA PERSECUCIÓN PENAL ES ÚNICA PARA EL MP

Edie Cux, presidente de Acción Ciudadana (AC), señaló que la comisión creada por el Congreso para investigar el trabajo de la CICIG se trata de una estrategia, que va desde reformar la Ley de la Carrera Judicial y las amenazas contra el Procurador de los Derechos Humanos.

Según Cux, con esta acción se está vulnerando la institucionalidad del país, ya esto no tiene la facultad para investigar y recabar información, lo cual atenta contra normas y principios establecidos en la Constitución.

“La persecución penal es única para el Ministerio Público, el control de la jurisdicción de las investigaciones es por parte del Organismo Judicial. Habrá que recordar que todos estos documentos de investigaciones que realizó la CICIG los hizo en el marco del convenio de creación de CICIG que tiene prerrogativas, incluso confidencialidad de algunos documentos”, dijo.

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Cux mencionó que esta acción afecta directamente a la división de poderes en el país, señalando que se trata de una revancha que puede afectar a la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), liderada por Juan Francisco Sandoval.

Asimismo, Cux mencionó que espera una reacción de la fiscal general, María Consuelo Porras, ya que considera que se podrían estar dando amenazas hacia la independencia del Ministerio Público.

“INVESTIGACIÓN” SERÍA ILEGAL

Respecto al tema, Walter Menchú del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), dijo que las comisiones de investigación que se crean en el Congreso son un tema político y lo que se está tratando de hacer es dar una imagen de que la CICIG cometió unas ilegalidades.

“Eso no lo puede determinar el Congreso, si se presentan algunas denuncias puntuales tendría que investigar el Ministerio Público. En el tema de seguridad y justicia el encargado de llevar la investigación es el MP y, en caso haya indicios de que hay un delito, se presenta al Organismo Judicial”, expresó el experto.

Asimismo, el profesional agregó que esa investigación no se presenta acusando a un ente, sino a personas a título personal, en el supuesto de que alguien haya cometido algún delito.

“En este caso es algo totalmente fuera de lugar, porque en Guatemala el que tiene que llevar el control de la persecución penal y de las investigaciones es el MP, auxiliándose de otros investigadores como, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil o de dictámenes técnicos que pueda emitir el Instituto Nacional de Ciencias Forenses”, añadió el académico.

Además, Menchú mencionó que una comisión en el Legislativo que pueda investigar no corresponde, ya que sería ilegal toda “investigación” que ellos hicieran, en el sentido de que a quien tiene que hacer las pesquisas, para efectos penales en Guatemala, es la institución que dirige Consuelo Porras.

En cuanto a la postura que debe asumir la Fiscal General en este contexto, el entrevistado expuso que debe pedir como en cualquier caso que, si se tiene conocimiento de algún ilícito que se haya cometido poner la denuncia, para que se le dé seguimiento.

“Esto para que personas autorizadas para ello, que son los fiscales, abran un caso, se haga la investigación, se junten las pruebas y si corresponde llevar esa denuncia a un caso delante de un juez, para que abra y pueda vincular a una persona a un proceso penal”, puntualizó Menchú.