Por Cristian Velix
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La jueza Erika Aifán, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “D”, presentó una impugnación en contra de la decisión de la Comisión de Postulación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que excluyó su expediente y, por ende, su aspiración a una magistratura para esa instancia.
La juzgadora manifiesta, con relación a su exclusión, que se vulneraron las garantías constitucionales de igualdad y del debido proceso, además de que hubo discriminación en su contra, debido a que el también aspirante, Erwin Iván Romero Morales, continúa en el proceso.
Tanto Romero Morales como Aifán fueron relegados del proceso, provisionalmente, porque incumplieron el inciso 14 de la convocatoria, por el que debían presentar una declaración jurada en donde conste que no son familiares de alguno de los comisionados, que no son ministros religiosos, ni ocupan un cargo o representación sindical.
No obstante, la Postuladora aceptó con 25 votos a favor las pruebas de descargo de Romero Morales, mientras que las pruebas de la togada no obtuvieron ninguno, a pesar de que únicamente había omitido la palabra “sindical” en la declaración jurada.
En esa misma línea, la juzgadora explica que la Postuladora no valoró sus pruebas de descargo, como también que no fundamentaron las razones por las que fue eliminada del procedimiento, además de que no analizaron los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La jueza comenta que esa Corte establece dos presupuestos que deben analizarse, el de objetividad y el de razonabilidad, los cuales no se cumplieron en su caso, porque uno debe ser juzgado por jueces imparciales de acuerdo con un procedimiento preestablecido.
Respecto a ello, Aifán indica que el comisionado Romeo Monterrosa lideró la discusión en torno a su exclusión, aunque posteriormente se haya inhibido tras conocerse la recusación que ella interpuso en su contra, por una enemistad.
De igual manera detalla que tampoco se cumple la objetividad, ya que los comisionados tienen formas de comprobar el cumplimiento de ese requisito, siendo además que la omisión de la palabra deja abierta la posibilidad de cualquier asociación, lo que incluye las sindicales.
Además, de que en cuanto al criterio de razonabilidad este debe ser proporcional con el impacto que la omisión tenga y que en este caso es una omisión de la palabra y no del requisito, por lo que no hay razón de excluir a una jueza de carrera judicial del proceso.
Esta impugnación fue presentada ayer y la Comisión de Postulación de la CSJ deberá resolver en un plazo máximo de 72 horas.
