POR MARIELA CASTAÑÓN
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La Policía Nacional Civil (PNC) registró en el período del 1 de enero de 1998 al 23 de julio de 2019, 80 suicidios de su personal, la mayoría ocurrió cuando los policías estaban fuera de servicio.

De acuerdo con los datos oficiales, de los 80 casos documentados, 6 policías estaban dentro de servicio y 74 de descanso o fuera de funciones.

En el año 2016 se documentaron varios suicidios de policías, que fueron públicos porque ocurrieron en algunas sedes policiales.

El 7 de septiembre de ese año fue encontrada muerta la agente Doris Estela Galicia, en un apartamento ubicado en la 16 avenida 13-38 de la zona 1. La policía murió en su cama y cerca de su cuerpo fue encontrada una pistola. Ella estaba asignada a la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC) del área de municipios. Las autoridades investigaban un posible suicidio.

El 29 de agosto de 2016 fue localizado el cadáver del agente Everildo Xitumul Oxlaj, de 28 años, quien estaba asignado a la Fuerza de Tarea Maya, ubicada en la colonia Paraíso II, zona 18. El PNC murió en el Hospital General San Juan de Dios. El suicidio ocurrió minutos después de que el policía tomara su turno, pues regresaba de su descanso y recién se incorporaba a sus actividades.

El 6 de abril de ese año, el agente Eduardo Antonio Godínez, de 24 años, se disparó; el hecho ocurrió en los sanitarios de la Dirección General de la PNC, ubicada en la zona 1; él estaba asignado a la Subdirección de Operaciones y recién se incorporaba a sus funciones; regresaba de descanso.

SUICIDIOS

Actualmente no existe un protocolo unificado para atender los intentos de suicidio, tampoco estadísticas específicas de la cantidad de suicidios e intentos de suicidio que ocurren en el país, pues cada institución (Ministerio de Salud, PNC, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y bomberos) cuenta con sus propios datos.

El pasado 6 de agosto, La Hora publicó el reportaje “Suicidios, sin protocolo unificado ni abordaje preventivo”, donde se dio a conocer que el Estado carece de una respuesta interinstitucional orientada a la prevención y no al castigo.

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