La jueza Eva Recinos dictó falta de mérito contra el viceministro de Gobernación, Remberto Ruiz y otras dos personas, en el caso del asesinato de un sindicalista del IDPP. Foto La Hora

Por Cristian Velix
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La Fiscalía de Derechos Humanos presentó una apelación en contra de la decisión de la jueza Eva Recinos de dictar falta de mérito a favor del viceministro del Ministerio de Gobernación (Mingob), Remberto Ruiz, como también a Fermín Iván Ortiz Maquín y Marvin René Donis Orellana, señalados por el asesinato de Manuel de Jesús Ramírez, antiguo sindicalista del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP).

Dicho fallo con el que quedaron en libertad los tres mencionados, fue dictado el 7 de agosto pasado por la jueza que dirige el Juzgado de Mayor Riesgo “E”, poco más de un mes después de que se ejecutaran las órdenes de captura en contra de ellos.

La decisión de la jueza se dio porque a su criterio no hay medios de convicción suficientes para que a los señalados se les ligara a proceso penal, por un hecho ocurrido el 1 de junio de 2012, cuando fue asesinado el sindicalista.

La Fiscalía solicitó que el funcionario público, al igual que Ortiz Maquín y Donis Orellana se les vinculara al expediente judicial por el delito de asesinato, ya que según la sección investigadora del Ministerio Público (MP) ellos eran autores de la muerte de Ramírez.

Por esta carpeta judicial ya fue procesado Ronald Joaquín González Vásquez, presunto autor material de la muerte del antiguo trabajador del IDPP, por el delito de asesinato, a quien la togada le rechazó una petición para que se le cambiara esa sindicación, al ilícito de amenazas.

FISCALÍA RECUSÓ A JUEZA

La unidad investigadora del MP accionó en contra de la jueza Recinos, al presentar una recusación, recurso con el que la Fiscalía busca que se deje de conocer este caso ya que se duda de la imparcialidad de la togada.

SEÑALÓ INTIMIDACIONES

Entre los elementos que la Fiscalía presentó en contra de Ruiz, se encuentra una denuncia que colocó el sindicalista antes de que fuera asesinado, en la que señalaba haber recibido intimidaciones, las cuales sospechaba que provenían, entre otras personas, del Viceministro del Mingob, como también de Blanca Stalling, exdirectora del IDPP y actualmente magistrada suspendida del cargo en la CSJ.

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