Por: Cristian Velix
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La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó esta tarde el informe “Comisiones de Postulación: Desafíos para asegurar la independencia judicial”, en el que detalla que el mecanismo de elección de las autoridades judiciales es un incentivo para crear facultades de derecho “de cartón”.
El sector académico interviene en el proceso de postulación de aspirantes para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y de Corte de Apelaciones, mediante los doce decanos de las Facultades de Derecho de las universidades del país, además de que cada una las postuladoras es presidida por un rector.
La Comisión indicó que las facultades de este tipo deberían estar compuestas por docentes y estudiantes que constituyan una comunidad intelectual autónoma, que se dediquen a promover el Estado de Derecho y el servicio público.
No obstante, la creación de estas unidades académicas “de cartón”, según el ente internacional, no persiguen esa excelencia de estudio, sino la participación en los espacios que postulan a los candidatos que integrarán las cortes de justicia.
De igual manera la Comisión, detalló, que si bien el Consejo de la Enseñanza Privada Superior (CEPS) es el encargado de velar porque se mantenga un nivel académico en las universidades privadas y que, de acuerdo con parámetros internacionales, debe existir un constante diagnóstico y evaluación en los estudios de derecho por parte de la autoridad estatal correspondiente, esta entidad no cuenta con la capacidad para llevar a cabo esa labor de forma permanente.
La CICIG explicó que según funcionarios del CEPS, este no cuenta con ningún tipo de información sistematizada de las universidades. Asimismo, describió que cada universidad funciona de forma independiente y tiene la libertad de crear facultades e institutos, además, que el CEPS puede decidir si acepta o no los dictámenes de expertos acerca de la creación de una universidad privada.
“Este desorden funcional se ve reflejado en la proliferación de universidades creadas en las últimas dos décadas”, agregó la institución internacional, al tiempo que comentó que, al analizar la calidad educativa de las facultades de derecho, resaltan las debilidades de contraloría del CEPS.
De esa forma, la CICIG recomendó que se requiere fortalecer el sistema de control de enseñanza privada superior, de manera que las facultades de derecho estén integradas por docentes y estudiantes que se dediquen a la creación y difusión de conocimientos de leyes, además de la promoción de la justicia y el servicio público.
Para finalizar, la organización subraya que el mecanismo que en la Constitución se creó para favorecer la selección de magistrados idóneos es deficiente desde su surgimiento y que cada Comisión de Postulación determina sus propias normas internas para su funcionamiento “con la consiguiente inestabilidad que ello supone”.
