POR HEDY QUINO
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De acuerdo con los eventos de votación de la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones de 2014, los seis diputados que enfrentan antejuicio por el Caso Tigo votaron a favor de los magistrados que están a cargo de recomendarle al pleno de la CSJ si es pertinente o no el retiro de inmunidad de dichos congresistas.
El registro de votaciones indica que el diputado Boris España, quien en ese entonces pertenecía al cancelado Partido Patriota (PP), votó a favor de Aura Marina Mancilla Solares de Rodríguez, actual magistrada titular de Corte de Apelaciones y jueza pesquisidora de dicho congresista.
En cuanto el diputado Haroldo Quej, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), votó a favor de su ahora jueza pesquisidora, Elisa Victoria Pellecer Quijada para magistrada de la Corte de Apelaciones.
Esta misma situación se repite con el diputado Gustavo Medrano, quien entonces pertenecía al bloque del PP, pues dio su voto a favor de Mynor Antonio Oxom Paredes, como magistrado titular de Apelaciones, ahora está a cargo de su expediente de antejuicio.
El entonces diputado del PP, Juan José Porras, también votó a favor de su ahora juez pesquisidor, como magistrado titular de Apelaciones, Néctor Guilebaldo de León Ramírez.
Estuardo Galdámez, como legislador del PP votó a favor de Santos Sajbochol Gómez como magistrado titular de la Corte de Apelaciones, ahora él es su juez pesquisidor.
Por último, Marco Antonio Orozco, en ese entonces del PP, dio su voto favorable para quien ahora es su juez pesquisidor, Anabella Esmeralda Cardona Cámbara, como magistrada titular de Apelaciones.
Los documentos de votación indican que las entonces fuerzas del Congreso PP y Lider, así como la UNE, fueron los que emitieron la mayoría de los votos que obtuvieron los ahora magistrados de las Cortes.
CASO TIGO
Los seis diputados antes descritos enfrentan una solicitud de antejuicio por parte del Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), porque posiblemente incurrieron en los delitos de asociación ilícita, violación a la Constitución y cohecho pasivo.
Según investigaciones del MP y la CICIG, en 2014 el Congreso aprobó la Ley de Control de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos, conocida como la Ley Tigo, a cambio de dar una dádiva de Q50 mil bimensual a cada diputado que votó a favor de la normativa.
Por este expediente también enfrenta antejuicio el ministro de Economía, Acisclo Valladares, por su presunta participación en dicha estructura. En su caso es el Congreso quien decide si se le retira o no la inmunidad.
Además, la diputada Mirma Magnolia Figueroa también tiene una petición de antejuicio, pero su caso aún no ha sido conocido por la CSJ.
