POR HEDY QUINO
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Tras el Informe Anual de Auditoría 2018, la Contraloría General de Cuentas (CGC) no emitió ninguna denuncia penal en contra del Congreso por hallazgos detectados en el manejo de sus recursos financieros, sino solo sanciones administrativas.
El subcontralor de Probidad, Fernando Fernández, explicó que en las auditorías que se realizaron a este organismo, solo detectaron seis hallazgos, cuatro están relacionados con la Ley de Contrataciones y dos con el control interno.
El subcontralor detalló que estos hallazgos no generaron ninguna denuncia penal, sino solo sanciones administrativas. “No hay denuncia”, dijo.
“Estas sanciones administrativas son las que se enmarcan en la Ley de Contrataciones y las que establece el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Contraloría”, respondió Fernández al cuestionarle sobre los tipos de sanciones que se le aplicaron al Legislativo.
Según el subcontralor el Congreso no incurrió en ilegalidades a la hora de ejecutar su presupuesto 2018, porque se apegó a las asesorías que le brindó la Contraloría.
“Qué pasó con el Congreso, pues hubo mucha participación de asesoría que solicitaron a la Contraloría, esto es algo importante que nosotros resaltamos, pues en la Contraloría no solo estamos para fiscalizar sino también para asesorar a los funcionarios que lo requieren”, añadió Fernández.
SIN MAYORES DETALLES
Respecto a los hallazgos relacionados con la Ley de Contrataciones, el subcontralor no profundizó en ninguno de los cuatro casos que se detectaron.
En relación al pago millonario de indemnizaciones que autorizó la Junta Directiva del Legislativo 2018, presidida por Álvaro Arzú Escobar, el cual se hizo contraviniendo la Constitución, el funcionario no aclaró si este caso se incluyó en el Informe 2018.
“Para entrar a profundidad hay que leer el Informe completo que se encuentra en la página de internet de la Contraloría”, afirmó.
El Contralor de Cuentas, Edwin Salazar, no acudió al Congreso a presentar el Informe Anual de Auditoría 2018. Además quien recibió este documento fue un representante del Legislativo y no el jefe del Congreso, Álvaro Arzú Escobar.
