Por Cristian Velix
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Ante las medidas otorgadas a la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Sandra Torres que fueron por el Juzgado de Turno de Primera Instancia Penal de Delitos de Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer, Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), accionó legalmente contra esa orden.
Esta mañana el fiscal señaló que ya había sido notificado de la decisión de la jueza y agregó que presentaría un recurso de oposición, ya que argumenta que él únicamente ha ejercido lo que constitucionalmente se le confiere.
Al cierre de esta nota se conoció que Sandoval y el fiscal Andrei González presentaron un recurso de oposición en la Fiscalía de Femicidio.
La FECI llevó a cabo la investigación por delitos de financiamiento en contra de Torres y cuatro diputados de su organización política.
La decisión de la jueza Sabrina Salazar Escobar, a cargo del juzgado que dictó las medidas cautelares, menciona que Sandoval y el fiscal Andrei Gonzales, no deben perturbar o intimidar a la presidenciable de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).
Según la orden, los fiscales no pueden realizar dichas acciones a Torres ni a su núcleo familiar de forma personal o través de un medio de comunicación o red social, según la orden.
De incurrir en tales ejercicios serán sancionados con una multa de hasta Q50 mil y con 12 años de prisión, detalla.
Según el acta judicial, las órdenes del juzgado tienen vigencia de 3 meses, en los cuales la exprimera dama de la nación tendrá acompañamiento policial “en cualquier momento y en cualquier lugar de la República de Guatemala”, para que sea auxiliada ante una eventual violación de las disposiciones.
OTRA DENUNCIA
El pasado 1 de abril, diputados de la UNE presentaron una denuncia en contra de Sandoval, debido a la filtración de un audio en el que dialogan Gustavo Alejos y Sandra Torres acerca de la obtención de recursos para la campaña electoral del 2015.
En ese entonces, Oscar Argueta, secretario adjunto de la UNE, afirmó que “de la Unidad de Métodos Especiales se ha sustraído información y pruebas para que se den golpes mediáticos en contra de candidaturas”.
No obstante, Sandoval manifestó que no solo la fiscalía había tenido acceso a los audios, sino también los implicados, ya que este estaba transcrito en el planteamiento de retiro de antejuicio que se hizo el 6 de febrero. “No es algo que desconocieran los involucrados”, puntualizó.
La FECI había solicitado el retiro de la inmunidad hacia la presidenciable por posible financiamiento electoral ilícito y no registrado, además de asociación ilícita. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la petición in límine, el 27 de febrero pasado, por considerar que no había elementos de racionabilidad suficientes para darle trámite.
