Por Denis Aguilar
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La Cámara de Industria de Guatemala presentó hoy el índice de actividad industrial, el cual cerró a noviembre de 2018 con una reducción de 2 por ciento, lo que representa una recuperación respecto al 5 por ciento de decrecimiento que se había registrado en julio del mismo año.
El índice elaborado por la Central American Business Intelligence (CABI), detalla que pese a la cifra de recuperación, aún no se logran alcanzar los niveles de 2016, cuando la actividad industrial registró un crecimiento del 10 por ciento.
Paulo de León, director del CABI, explicó que se espera que las cifras finales de 2018 sean de una reducción que oscilará entre el 2 y el 1 por ciento.
“Todavía se mejorará un poco, pero todavía termina en territorios negativos, o sea habrá una contracción en la producción industrial del país, cosa que no había pasado desde 2011 que tenemos datos”, explicó De León, quien agregó que 2018 ha sido el más bajo en cuanto a resultados.
Tres sectores industriales son los que han registrado mejoras considerables en 2018, salud, servicios y restaurantes con crecimientos del 11.96, 6.02 y 5.93 por ciento, respectivamente. De León indicó que el sector restaurantes se ha visto beneficiado por la reducción en los precios de la gasolina, entre otros aspectos.
Juan Carlos Tefel, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala, indicó que con estos elementos no se pueden crear condiciones de empleo formal y que se necesitaría al menos un 5 por ciento de crecimiento.
Según el CABI, la caída del precio del petróleo, la devaluación del quetzal y los precios del café y el azúcar marcaron una dinámica positiva en el segundo semestre de 2018.
CERTEZA JURÍDICA
La Cámara de Industria identifica cuatro factores que siguen formando parte los problemas estructurales que afectan al sector industrial, estos son la falta de inversión en la infraestructura del país, la burocracia excesiva que atrasa procesos, el combate al contrabando y la falta de certeza jurídica.
Juan Carlos Tefel señaló, en cuanto a la certeza jurídica, que dicha problemática empezó con la suspensión de la Hidroeléctrica de Oxec en abril de 2016, teniendo esta repercusión un efecto retardado en la industria.
Tefel también indicó que existe una falta de certeza jurídica debido a las prohibiciones que se han dado en varios lugares del país como las relacionadas a los productos plásticos, siendo el ejemplo más reciente el de Antigua Guatemala que prohibió el uso de estos.
Javier Zepeda, director ejecutivo de la CIG, amplió más el tema de la certeza jurídica, asegurando hay resoluciones de la Corte de Constitucionalidad (CC) que tienen un impacto, que genera un desconcierto en el ambiente de los negocios.
No obstante, Zepeda señaló que sea cual sea las resoluciones de la Corte se deben acatar, se esté o no de acuerdo con las mismas, pero aseguró que todas las instituciones del sector justicia deben ser fortalecidas, incluida la CC.
