POR MARIELA CASTAÑÓN
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Denuncias recibidas a la redacción de La Hora indican que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) fueron obligados a eliminar los antecedentes policíacos de Samuel Everardo Morales Cabrera, hermano del presidente Jimmy Morales. La orden fue girada desde el Ministerio de Gobernación y la Dirección General de la PNC, según los datos.

El hecho se habría consumado el pasado 25 de enero, después de las 17:00 horas, por la presión de las autoridades de turno. El domingo 27 de enero, Morales fue proclamado candidato a diputado por el distrito metropolitano, por FCN-Nación.

Dentro de la PNC existe una escala jerárquica que no se cuestiona; muchos policías han sido removidos de sus cargos por no obedecer órdenes arbitrarias. En este caso, la orden se habría girado desde el Mingob, que a su vez ordenó a la Dirección de la PNC, la Secretaría General, Asesoría Jurídica y al Gabinete Criminalístico.

De acuerdo con la información develada, en el caso de Morales, no se podían eliminar los antecedentes policíacos, porque hay un proceso legal abierto. Una persona sindicada sí puede solicitar la eliminación de sus antecedentes, toda vez haya obtenido una sentencia absolutoria.

El Ministerio de Gobernación tiene en su página web información de los requisitos para la cancelación de antecedentes policíacos en el que se detalla los pasos a seguir y también enfatiza que se debe presentar una certificación original del juzgado que conoció el caso, en el cual se indique como se resolvió en definitiva y que no tiene recurso y notificaciones pendientes.

ARBITRARIEDAD Y REORGANIZACIÓN DE CORRUPCIÓN

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), opinó que estas acciones evidencian la “arbitrariedad y abuso por parte de las autoridades de gobierno”, lo cual contribuye a aumentar la desconfianza.

“Estas acciones demuestran la protección indebida y un privilegio que se otorga a alguien que la Ley no le da un tratamiento especial. Es hermano del Presidente y es una persona que ha estado sujeta –a un proceso- por posibles actos de corrupción. Es parte de los abusos que está incurriendo el Gobierno a partir de que está envalentonado con el tema de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y con un descaro cada vez mayor”.

Por otro lado, Sandino Asturias, del Centro de Estudios de Guatemala (CEG), indicó que este evento refleja la desinstitucionalización general de todos los avances que se habían logrado en la Policía.

“No podemos evitar hablar que el retiro de la PNC de diferentes entidades, están retirando de la coordinación interinstitucional que había. Hay una seria preocupación de cuáles son los objetivos reales para debilitar a la Policía y romper los acuerdos institucionales que había hasta ahora”.

Asturias agregó: “Esto es una muestra de que se pueden alterar antecedentes penales y policiales a antojo de las máximas autoridades, esto solo nos va a indicando las intenciones de esta desinstitucionalización, estamos hablando de que lo que estamos viendo es una reorganización para la impunidad, una estrategia que permita a grupos particulares beneficiarse en cuanto a impunidad”.

CAMBIO DE PARTE POLICIAL

Este caso se suma a otro conocido el pasado 20 de enero, cuando fue detenido Juan Ramón Lau López, hijo del diputado Juan Ramón Lau Quán.

En un primer parte policial dado a conocer por la Policía se informaba que “particulares manifestaron que una persona a bordo de un vehículo tipo picop color blanco, portaba arma de fuego amenazaba a las personas que se encontraban en el lugar”,

Además, consignaron que al inspeccionar el vehículo donde se transportaba Juan Ramón Lau López, hijo del legislador, “se localizó -un- arma de fuego, tipo pistola, marca Pietro berreta, con el número de registro A043614Z, propiedad del ministerio de gobernación, y al momento de solicitarle la licencia de portación manifestó carecer de la misma. Al verificar en los archivos, de subestación policial 16-24, a dicha arma le aparece reporte de robo, según diligencia 17-2019, de fecha 17 de enero del presente año. Presentada por el agente de policía, Edin Adolfo Canel Sis, perteneciente a la división DPPS”.

Horas más tarde se cambió ese parte policial y en las redes de la PNC se modificó la primera versión. Días después se anunció una investigación para los policías que compartieron el informe.

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