Por Redacción La Hora
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El abogado Alfonso Carrillo presentó un amparo en febrero de 2018 que está pendiente de sentencia en la CC desde abril de 2018 en el que reclama la amenaza de que el Presidente tome cualquier decisión que tenga como finalidad denunciar o dar por terminado el Acuerdo entre ONU y Guatemala sobre CICIG, lo cual se concretó ayer. El amparo lo tenía la magistratura de Neftaly Aldana pero aún no había sido resuelto.
En la página 1 de ese amparo, el acto reclamado 1 es la amenaza de que el presidente Morales tome cualquier decisión o emita cualquier disposición reglamentaria que tengan como finalidad denunciar o dar por terminado el Acuerdo entre las Naciones Unidas y Guatemala relativo al establecimiento de CICIG, lo cual el Presidente legalmente no puede hacer.
Esto porque según el abogado, el Acuerdo Cicig es un tratado de Derechos Humanos aceptado y ratificado por Guatemala y de conformidad con el artículo 46 de la Constitución de Guatemala, en materia de derechos humanos, los tratados aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno de Guatemala.
Ayer, Carrillo presentó una solicitud de amparo provisional dentro de dicho amparo 609-18 la cual la CC debería resolver inmediatamente, afirmó el abogado.
El profesional del derecho expone en el amparo presentado ayer que finalizar el acuerdo iría en contra de la obligación que tienen los funcionarios públicos de obedecer la ley, regulado esto en el artículo 154 de la Constitución.
También viola la prohibición de funcionarios públicos para beneficiarse ellos mismos o intereses privados de sus parientes o terceros, tal como lo especifica el artículo 18 de la Ley de Probidad.
La finalidad de la acción de amparo es que Morales se abstenga de finalizar el acuerdo de creación de la CICIG y que el Congreso se abstenga de recomendar la finalización del acuerdo y/o la expulsión de la CICIG de Guatemala.
