Por Eder Juárez
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El gobierno del presidente Jimmy Morales denunciaría este lunes de manera unilateral el convenio que dio vida a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). La Canciller Sandra Jovel ya se encuentra en Nueva York donde está la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para reunirse con el secretario general de la ONU, António Guterres, a quien le presentaría las intenciones del Gobierno de Guatemala de denunciar el Acuerdo.
Aunque el Gobierno se ha mantenido hermético, desde el sábado circula información respecto a que esa sería la siguiente acción que tendría Morales para desmantelar a la Comisión. El Secretario de Comunicación de la Presidencia, Alfredo Brito, confirmó que Jovel se encuentra fuera del país en Nueva York, sin embargo, no dio mayores detalles ni las razones de dicho viaje.
Esta acción se concretará hoy a las 16:15 horas (15:15 hora local) cuando la Canciller sostenga una reunión con Guterres en la sede de la ONU, encuentro que fue confirmado por el portavoz de Guterres, Stéphane Dujarric, quien afirmó que la reunión fue solicitada con anticipación por la Canciller.
Entre tanto en Guatemala algunos diputados, como el Primer Secretario del Congreso, Estuardo Galdámez, en su cuenta de Twitter han dado a conocer que se cuenta con 80 votos para aprobar un punto resolutivo que desconozca a la CICIG. El tercer secretario del Congreso, Ramón Lau, afirmó que la Comisión Permanente analiza convocar a una sesión extraordinaria a solicitud de Galdámez.
Por otro lado, el Gobierno estaría haciendo maniobras para que ante la denuncia presentada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dé trámite al antejuicio contra los tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC) que han fallado en contra de los intereses de Morales.
Esta denuncia fue presentada por instrucción del Presidente.
ACTITUD OBCECADA
Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), indicó que es una actitud obcecada de buscar y tratar de cualquier forma desmantelar a la CICIG y de esa manera desarticular con la lucha contra la corrupción.
“El acuerdo no tiene cláusula de denuncia, porque los acuerdos internacionales dicen cuando pueden ser denunciados y se señalan en los convenios, por ejemplo los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) pueden ser denunciados cada 10 años, no pueden ser denunciados en cualquier momento, precisamente para garantizar certeza jurídica y seriedad en los países y en este caso lo único que es posible en el marco del acuerdo es la no prorroga”, manifestó Linares.
ACCIÓN NEGATIVA
En tanto el excanciller Edgar Gutiérrez dijo que la denuncia de un acuerdo o tratado internacional es una facultad que se reserva el Presidente no solo de Guatemala sino de todos los países, cuando un acuerdo ya no conviene a los intereses del país, pero en este caso el precedente es muy negativo.
Según Gutiérrez si el Presidente decidió enviar a Sandra Jovel para que comunique la decisión de denunciar el acuerdo, es grave, porque antes atropelló la Constitución y cometió acciones ilegales e incluso si se tuviera autoridades judiciales más fuertes estarían investigando para ver si el Presidente puede ser desaforado, porque lo que ha hecho es ignorar sentencias de la Corte de Constitucionalidad (CC), es un precedente delicado dijo.
NO EXISTE POSIBILIDAD DE DENUNCIA
Por su lado Ramón Cadena de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), aseguró que es un acto más a favor de la impunidad y la corrupción. “El Gobierno no puede denunciar unilateralmente el convenio de CICIG, porque es muy especial, es un acuerdo de Derechos Humanos como lo dice el mismo acuerdo, por lo tanto no está bajo las reglas de un acuerdo clásico” señaló.
Además indicó que “no existe la posibilidad de denuncia, lo que existe es la posibilidad de que Naciones Unidas retire el apoyo, pero el Gobierno de Guatemala está haciendo las cosas de una forma autoritaria porque no quiere discutirlo ampliamente con las organizaciones de Derechos Humanos o al mismo Procurador de los Derechos Humanos, sino lo que quiere denunciar el convenio de forma autoritaria”.
SOLO HAREMOS EL RIDÍCULO
El excanciller Gabriel Orellana opinó que de hacerse la denuncia el país solo haría el ridículo internacional, “la comunidad internacional está convencida de que esta denuncia tiene un propósito personalizado del presidente y entonces no va a convencer a nadie de que es algo imparcial”.
A decir del excanciller, una eventual denuncia del Acuerdo no tiene sentido práctico y mucho menos sentido político porque la única política es de Gobierno y no una de Estado.
