POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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“Nosotros debemos velar por la legalidad del país, ¿sino qué va a pasar? Cada quien hace lo que quiere”, dijo el juez de Primera Instancia, Víctor Funes, esta mañana al momento de ligar a proceso penal a Miguel Antonio Cantoral Dávila, jefe de Delegados del Grupo C de Migración y a la delegada de esa institución, Irma Cruz Sentucún.
Cantoral Dávila y Cruz Sentucún fueron ligados a proceso por los delitos de desobediencia e incumplimiento de deberes, tal como lo requirió el fiscal encargado del caso en la audiencia de primera declaración que se realizó hoy.
El fiscal a cargo del caso relató en la audiencia que el sábado pasado, cuando el funcionario de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Yilen Osorio Zuluaga, intentaba ingresar al país, los sindicados manifestaron que existía una orden para prohibir su entrada.
Sin embargo, explicó la Fiscalía, al lugar acudió un fiscal del Ministerio Público, quien les hizo saber a Cantoral y Cruz Sentucún que había una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordenaba que se le permitiera el ingreso y tránsito a Guatemala Osorio y demás funcionarios de CICIG.
No obstante, los sindicados hicieron caso omiso.
“Dentro de las personas que se encuentran amparadas, en este caso provisionalmente, está el señor Yilen Osorio Zuluaga. Tomando en consideración que ellos debían acatar una orden constitucional y en el presente caso debían permitir el tránsito e ingreso de Yilen Osorio Zuluaga, éstos (Cantoral Dávila y Cruz Sentucún), en funciones de su cargo, no realizan tal acción y, asimismo, desobedecen la orden emanada por los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC)”, señaló el fiscal ante el juez.
Por su parte, el juez Funes, al analizar los documentos que proveyó la Fiscalía, reconoció que había una disposición constitucional que amparaba al funcionario de la CICIG.
“Hay una disposición constitucional. Son normas constitucionales que se deben respetar y no podemos alegar ignorancia de la ley máxime si se tiene conocimiento”, dijo el togado.
El Juez también enfatizó en que nadie puede hacer caso a órdenes que van en contra de la ley. Esto, debido a que en su declaración, Cantoral Dávila dijo que se opuso al ingreso del funcionario de CICIG porque tenía una alerta que le ordenaba no permitir su entrada.
“Para que entienda: si el señor Presidente de la Corte me ordena dejar libre a una persona, son órdenes que no puedo cumplir. (…) Usted debe dejar ingresar a una persona que no tiene ningún problema… En consecuencia de eso ¿qué desobedeció? La orden constitucional”, resolvió el juez Funes.
LLAMA LA ATENCIÓN POR CONTINGENTE POLICIAL
Uno de los aspectos que llamó la atención del Juez fue la excesiva cantidad de policías y vehículos policiales que acudieron al lugar.
“Llega un contingente de policías… ¡Por dios santo! La lógica… ¿Quién está ahí?, ¿qué tipo de persona está ahí? ¿Necesitamos 40, 50, 100 policías? Lo que se necesita es que cada órgano, cada institución del Estado, cumpla con su obligación”, dijo.
ORDENA CONTINUAR CON INVESTIGACIÓN
Al final de la audiencia, el Juez ordenó al Ministerio Público que continúe investigando para proceder penalmente contra todos aquellos funcionarios que hayan actuado tendiente a desobedecer la orden de la Corte de Constitucionalidad.
Entre quienes podrían resultar responsables, según dijo el jurista, está la persona que tenía la responsabilidad de retirar la alerta del sistema de migración que no permitía el ingreso de Osorio al país y también los policías que en un inicio se pudieron haber negado a trasladar a los sindicados a la Torre de Tribunales.
MEDIDA SUSTITUTIVA
El Juez accedió a la petición del fiscal de conceder una medida sustitutiva a Cantoral Dávila y Cruz Tesucún. Ambos deberán guardar arresto domiciliario, presentarse una vez al mes al Juzgado Undécimo de Primera Instancia Penal para reportar su asistencia y se les fijó una caución económica de Q5 mil.
SE DESCONOCE QUIÉN PAGÓ AL ABOGADO DEFENSOR
El abogado defensor de ambos sindicados era Axel Javier Urrutia, quien utilizó argumentos similares a los del ministro Enrique Degenhart, quien ayer ofreció una entrevista a Notiy7. Otro abogado que aparentemente asistió la defensa legal fue Francisco Gallardo, quien defendió al fallecido Álvaro Arzú en el antejuicio que se tramitó en su contra. De momento, se desconoce quién pagó los honorarios de los abogados defensores.
