Por Eder Juárez
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Analistas consultados por “La Hora”, aseguraron que las nuevas acciones del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex) contra investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), son ilegales y no tienen efectos jurídicos.
De acuerdo con Oswaldo Samayoa del Centro de Estudios de Guatemala (CES), lo que publicó el Minex no puede tener efectos jurídicos y no puede nacer a la vida jurídica porque es contrario a derecho. “El acuerdo con el Secretario de Naciones Unidas sobre la CICIG está vigente y este acuerdo establece que los únicos que pueden renunciar a sus inmunidades y prerrogativas son los propios funcionarios, el Comisionado puede renunciar a las mismas frente al Secretario de Naciones Unidas, y los empleados de CICIG frente al Comisionado y ellos no están renunciando a eso”.
El decreto 35-2007 del Congreso de la República mediante al cual se aprobó el acuerdo entre Naciones Unidas y Guatemala por CICIG, avala íntegramente lo que dice el Acuerdo, por lo tanto, lo que hizo la canciller, Sandra Jovel o lo que hace la Cancillería va en contra de este decreto legislativo, entonces es ilegal en ese sentido, explicó el analista.
“Es una acción más del Pacto de Corruptos. No obstante se sienten con el poder para ejecutar ese tipo de reglas que ellos mismos están creando”.
Según Samayoa, hay necesidad de que la Corte de Constitucionalidad (CC) le ponga un alto al Gobierno y reitere que ya se determinó que toda controversia la deben resolver mediante el convenio y “no por las ideas u ocurrencias de los funcionarios, porque eso es actuar arbitrariamente”.
Por su parte, Luis Linares de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), dijo que estas acciones de la Cancillería son ilegales, porque las inmunidades de los miembros de la CICIG no son objeto de retiro, ya que incluso trasciende del cargo de la persona, “no es como la inmunidad que otorga el Derecho de Antejuicio, que protege a la persona cuando ostenta el cargo, aquí es para protegerlos de las acciones por las actividades que realizan o por los intereses que afecten las acciones de la CICIG”, destacó.
“En general creo que estas acciones violan el Acuerdo, por otro lado es la muestra de la terquedad del Gobierno en cuanto a que de una u otra forma quiere desmantelar el trabajo de la CICIG. Contradice totalmente lo que ha dicho en palabras el presidente Jimmy Morales, al decir que apoya la lucha contra la corrupción”, manifestó Linares.
Agregó que los funcionarios de este Gobierno están envalentonados, además, que la pasividad y ambigüedad en las acciones ha permitido que los funcionarios sigan paso a paso socavando las capacidades de la CICIG. El analista advirtió que posteriormente irán en contra del Ministerio Público (MP).
Por último, aseguró que la pasividad de la ciudadanía mantiene envalentonados a los funcionarios tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la República.
