Por Eder Juárez
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En su XI informe la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) aseguró que por el informe temático, las investigaciones y casos presentados ante la justicia, permiten aseverar que el sistema democrático, en especial el sistema político electoral, ha sido pervertido por estructuras que por medio del financiamiento ilícito comprometen y distorsionan las decisiones políticas con el objetivo de su beneficio personal o gremial.
“Independientemente de su origen, el financiamiento electoral ilícito en todas sus modalidades tiene generalmente un mismo objetivo: la compra de favores, el beneplácito de los gobernantes y el retorno del financiamiento vía la contratación pública”, señaló el informe.
Agregó que las Redes Políticas Económicas Ilícitas constituyen una pieza central para el financiamiento de la política, “beneficiándose a futuro de los réditos obtenidos, estas redes se manifiestan a nivel regional y local; construyen lazos con alcaldes y diputados que luego les permite articular esfuerzos a nivel nacional”.
“Financiar al futuro gobernante permite cerrar el ciclo completo de la corrupción: la cooptación del Estado vía las urnas”, señala la Comisión en su XI informe de labores.
Según la CICIG, uno de los esquemas de trabajo más comunes de las Redes Políticas Económicas Ilícitas, es la cooptación del Estado utilizando el financiamiento electoral ilícito como actividad primaria, para luego obtener el poder, utilizar el mismo para su enriquecimiento ilícito y el manejo discrecional de la administración pública para favorecer sus intereses.
La Comisión señala que “dicha distorsión del sistema trae consecuencias para la sociedad en su conjunto, pues muchas veces condiciona la voluntad de los gobernantes para tomar decisiones de políticas públicas a favor de los intereses de las minorías financistas y no de la mayoría de los ciudadanos”.
CASOS DE FINANCIAMIENTO ILÍCITO
La CICIG presentó el Caso Lavado y Política que permitió desarticular una red de lavado de dinero que contaba con la participación de funcionarios públicos y la protección y asesoría del entonces Presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria, quien aceptó los cargos y fue condenado por medio un procedimiento abreviado.
En el 2016 la Comisión presentó el Caso Cooptación del Estado, que se deriva del trabajo de investigación financiera y revisión minuciosa de toda la información física y electrónica incautada en los Casos La Línea, Terminal de Contenedores y Lago de Amatitlán.
En las indagaciones se identificó un esquema financiero complejo, de gran escala y aparentemente inconexo que posteriormente se logró reconstruir para develar una maquinaria de activos diseñada para captar fondos durante la campaña electoral del Partido Patriota de 2011 y que llevó a la Presidencia a Otto Pérez Molina y a la Vicepresidencia a Roxana Baldetti.
Durante el 2017 el MP y la CICIG, presentaron el Caso denominado Construcción y Corrupción que reveló una estructura liderada por el excandidato presidencial y titular del Ministerio de Comunicaciones durante el Gobierno del Partido Patriota.
En el mismo año, el MP y la CICIG encontraron suficiente evidencia que permitía identificar cómo el financiamiento electoral ilícito es el común denominador de varias estrategias de las redes políticas económicas ilícitas para cooptar el poder, por lo que tomaron la decisión de investigar todas las campañas del 2015.
Los casos presentados acreditan cómo los partidos: Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Libertad Democrática Renovada (Lider) y Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), diseñaron esquemas para evadir los controles del Tribunal Supremo Electoral e inyectar de manera ilícita y anónima fondos para sus respectivas campañas políticas en 2015.
