Por Eder Juárez
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En su XI informe de labores la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) señaló que los Cuerpos Ilegales y Clandestinos de Seguridad (CIACS) evolucionaron hacia Redes Político Económicas Ilícitas, que operan entre lo público y lo privado que involucran a líderes políticos, funcionarios, operadores de justicia, abogados, militares, empresarios etc.
Según la CICIG, las Redes Político Económicas Ilícitas “establecen relaciones oportunistas para delinquir y asegurar impunidad”.
Asimismo, indicó que la penetración de dichas redes en la institucionalidad “les permite sustraer recursos públicos particularmente como contratistas del Estado, en detrimento de los derechos de la ciudadanía”.
De acuerdo con el informe, si bien en años recientes se ha logrado desmantelar estructuras de corrupción y evidenciar redes Político Económicas Ilícitas en varios países de América Latina, “en general las capacidades de los sistemas de justicia y, sobre todo, la voluntad política, no ha sido sostenida o suficientemente para revertir este grave fenómeno”.
Además, agregó que el avance en la lucha contra las estructuras criminales que han intentado cooptar el Estado son una realidad, “pero no irreversible”. Esto debido a que lucha anticorrupción, cuando es efectiva y llega al corazón de las estructuras y sistemas de cooptación, “naturalmente enfrentan oposición y obstáculos”.
